Las estrictas revisiones a las que son sometidas las parlamentarias antes de ingresar al Congreso Nacional (CN) han sido calificadas como un acto de violencia política, según denuncias de diversas diputadas.
Estas medidas, ordenadas por Luis Redondo, presidente del Legislativo, incluyen inspecciones físicas y de objetos personales, llegando incluso a obligar a las legisladoras a dejar algunos de sus artículos bajo custodia de los guardias.
Una de las voces más críticas ha sido la diputada nacionalista Johana Bermúdez, quien describió un incidente ocurrido recientemente: “Esto es condenable, irrespetuoso y despreciable. En mi caso, el martes pasado no me querían dejar entrar porque en la parte de atrás de mi teléfono había un sticker que decía ‘la mitad para el comandante’ y querían que lo quitara, es mi propiedad privada”.
Bermúdez se mostró indignada por las restricciones, señalando: “¡Me parece una verdadera estupidez! Los que hoy son gobierno, cuando eran oposición, metían de todo. Me parece realmente insoportable que no permitan que nadie traiga nada”.
Claudia Ramírez, diputada del Partido Liberal (PL), también expresó su malestar con las medidas de seguridad.
Si bien aceptó que “debemos ser revisados para asegurarnos de no portar armas”, afirmó que la situación ha llegado al extremo, al punto de que “hasta las lociones personales que uno lleva en su cartera nos las han querido quitar”.
El miércoles, un altercado protagonizado por la diputada liberal Maribel Espinoza generó aún más polémica, luego de que denunciara al personal de seguridad del Congreso por intentar revisar sus documentos personales y bloquear su acceso al hemiciclo.
En respuesta a estas denuncias, el presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, condenó el incidente y lo calificó como un “abuso de poder hacia los diputados y diputadas”.
