Cuatro jerarcas policiales habrían amasado una irregular fortuna a su paso por la Policía Nacional, que no concuerda con su salario y los demás ingresos que percibieron en los últimos años por otras actividades legales, según se desprende de los resultados preliminares de una investigación patrimonial de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP).
La DIECP elevará en los próximos días al Ministerio Público para su judicialización, los resultados de estas investigaciones realizadas a oficiales de la escala superior que actualmente se encuentran en condición de disponibilidad y que formaron parte de la cúpula de mando en las gestiones de los exdirectores generales, José Luis Muñoz Licona y Ricardo Ramírez del Cid.
Los nombres de los cuatro altos oficiales no fueron proporcionados en vista que la investigación aún está en curso y podría entorpecer su avance, pero se conoció que en un plazo de 30 días los expedientes serán presentados ante la Fiscalía General de la República y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) para que emprenda las acciones judiciales que corresponden.
Las indagaciones han estado a cargo de un equipo especial de la unidad de delitos financieros de la DIECP, que trabajó en coordinación con la Fiscalía Especial de Privación de Dominio, La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), el Registro de la Propiedad, el TSC y la Dirección de Lucha contra el Crimen Organizado.
LA PRENSA conoció que las investigaciones se centraron en 10 casos de alto impacto por tratarse de oficiales de la escala superior, pero hasta este momento solo en cuatro se logró detectar transacciones atípicas, acumulación irregular de capitales y bienes más allá de lo que normalmente habría obtenido con su ingreso un oficial de la Policía.
La investigación
A finales del año pasado, la DIECP y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros inició las investigaciones patrimoniales a un total de 98 oficiales de la Policía Nacional, incluyendo a 261 personas que forman parte de su entorno familiar más cercano para hacer un total de 359 personas investigadas.
Con esta acción se busca determinar la presunta comisión de de delitos financieros como el lavado de activos o el enriquecimiento ilícito.
Al par de esto también se encuentran en curso 162 investigaciones con el centro de información de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)para determinar si igual número de servidores policiales están querellados o se encuentran bajo la acción de la justicia por la comisión de otros delitos de orden penal. Además se investigan los bienes declarados ante el TSC de otros 50 miembros de la Policía, que involucra a miembros de la escala ejecutiva o superior, entre ellos oficiales con el grado de general director, comisionado general, comisionado, subcomisionado, comisarios y subcomisarios.
En este trabajo, la detección de los delitos de índole financiero y de lavado de activos ha sido muy complejo en vista que las indagaciones no solo se han centrado en el patrimonio de los miembros de la carrera policial, sino también en el patrimonio de sus cónyuges y de los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
Entre los investigados se encuentra un alto jefe policial que, según las denuncias en proceso de investigación, habría acumulado una fortuna por medio de una enorme flota de camiones y carros cisternas que transitan por todo el territorio nacional en actividades de traslado de mercancías y combustibles.
Testaferrato
Sobre estas investigaciones, el director general de la DIECP, Eduardo Villanueva, confirmó a LA PRENSA
que las pesquisas patrimoniales se encuentran bastante avanzadas y en los próximos días se dará respuesta a la sociedad en este tema al elevar los resultados de estas indagaciones
a los órganos correspondientes.
El año pasado la DIECP presentó ante la Fiscalía 63 expedientes de igual número de miembros de la carrera policial involucrados en la pérdida de armamento en custodia de la Policía, sustracción de 730 armas de la Dirección de Nacional de Servicios Especiales de Investigación, detención ilegal de civiles y el incendio de la granja penal de Comayagua, entre otros delitos.
Villanueva refirió que la investigación patrimonial es muy importante sobre todo porque se trata de una indagación objetiva, correcta y sustentada en el principio de legalidad que puede conducir a la existencia del delito de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y otra forma de actividades que no son producto precisamente de actividades transparentes.
En ese sentido, explicó que las 98 investigaciones que se emprendieron el año pasado tomaron
como punto de partida los niveles superiores de la Policía que comprenden las escalas uno y dos de la institución, sin perjuicio de las que también se realizan al resto de las escalas jerárquicas del estamento policial.
“Estamos tratando de conocer si los bienes que poseen estos miembros de la carrera policial son producto de actos de lícitos y están acorde a los ingresos que han mantenido”, dijo.
Villanueva detalló que los cuatro casos se logró detectar “el indicio racional suficiente que nos permite establecer la posibilidad de que algunos de los hechos de los involucrados en estas investigaciones no tienen la transparencia correspondiente”.
“Lo que necesitamos saber ahora es si las declaraciones de bienes y las identificaciones de valores apreciables en dinero como acciones u otro tipo de bienes muebles, inmuebles y ganado etc, son concordantes con su ingresos lícitos, que no solo puede ser derivado de los salarios devengados, sino también de empresas y actividades comerciales de carácter lícito”, sostuvo.
Indicó que este trabajo ha estado rodeado de mucha complejidad, “porque tenemos que investigar la posibilidad que se hayan lavado esos bienes a través de transferencias a testaferros, que es donde surge el delito de testaferrato que es otra figura delictiva que buscamos”.
La depuración debe ser “más rápida y más contundente”
Julieta Castellanos, rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah),
confió en que estos cuatro casos tengan los suficientes elementos de prueba que permitan judicializarlos ante los tribunales de justicia, al tiempo que expresó su deseo que el proceso de depuración policial avance de forma mucho más rápida y convincente.
Expresó que el gran peso de la investigación recae sobre la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) y en ese sentido la prueba debe ser suficientemente sustentada para que el Ministerio Público pueda continuar la acción de judicializar
los casos y realizar las
investigaciones futuras.
Consultada sobre si estos avances son suficientes en el proceso de depuración de la Policía hondureña, recordó se han hecho otras acciones importantes como la presentación ante el Ministerio Público de los expedientes de 63 oficiales y agentes investigados por la comisión de diferentes delitos. “Entonces nosotros estaríamos esperando a ver lo que pasa”.
En cuanto a la investigación del patrimonio de estos cuatro oficiales, la rectora universitaria, expresó que nadie está sobre la ley y por tanto si ameritan una acción más profunda debe hacerse.
Valoró que la depuración policial en estos momentos debería ser “más rápida, más contundente y más convincente” y esperamos que lo que se ha hecho hasta ahora sea lo suficientemente sustentado para que dé los mejores resultados”.
