Una de las fincas de palma africana tomadas por una cooperativa campesina que había quedado fuera del acta firmada en el Bajo Aguán fue desalojada ayer como parte de los primeros acuerdos que logró la Comisión de Verificación y Seguimiento nombrada por el Gobierno.
El designado presidencial Samuel Reyes dijo que los campesinos disidentes aceptaron incorporarse al acuerdo original firmado en Casa de Gobierno el 13 de abril y ratificado tres días después por mayoría de votos por el Movimiento Unificado Campesino del Bajo Aguán, Muca.
Debido a que el acuerdo no avanza porque el Gobierno y el empresario Miguel Facussé no se ponen de acuerdo sobre el precio por hectárea, el presidente Lobo nombró una comisión encabezada por Reyes y completada por la comisionada presidencial de Derechos Humanos, Ana Pineda, Juan Almendárez , y el defensor de los derechos humanos, Andrés Pavón.
Reuniones
La comisión, dijo Reyes, se reunió con los disidentes del Muca que se habían tomado la finca Paso Aguán y comenzaron ayer a poblar las fincas donde se concentraron sus compañeros del Muca: La Confianza, La Aurora, Los Laureles, La Isla Dos y Lempira.
De las 28 cooperativas que conformaban el Muca antes de los acuerdos del 13 de abril, tres se pronunciaron en contra: Despertar, Trinidad y San Isidro, con el argumento de que preferían esperar el resultado de las demandas de recuperación que entablaron en los tribunales bajo el argumento de que Facussé compró ilegalmente estas propiedades. Según el designado, “no sólo el Gobierno tiene responsabilidad en la solución del conflicto, sino los campesinos que se han comprometido a mantenerse dentro del acuerdo”.
“Hemos insistido en que deben mantenerse dentro del acuerdo y han decidido abandonar esas tomas y retornar a las seis fincas”. El presidente de la Comisión de Seguimiento aclaró que “mientras nos mantengamos en el acuerdo, el Gobierno irá cumpliendo poco a poco” el documento de abril.
Este documento contempla el compromiso gubernamental de otorgar a los labriegos, bajo pago, tres mil hectáreas de palma africana, propiedad de Facussé. Una vez concluida esta etapa, el Gobierno entregará otras tres mil hectáreas no cultivadas (tierras que no son de Facussé) y dentro de un año les asignará cinco mil hectáreas más.
