Tegucigalpa, Honduras.
La discusión y aprobación de la Ley Nacional de Ciberseguridad quedará en suspenso en su segundo y tercer debate mientras se solicita la opinión consultiva del relator especial de Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), así como de otros sectores de la sociedad hondureña.
La comisión de dictamen del Congreso Nacional accedió ayer a darle mayor pensamiento a esta polémica iniciativa tras reunirse con los representantes del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), la Asociación de Medios de Comunicación (AMCH), la Asociación de Prensa Hondureña (APH), la Oacnudh, la OEA, el Colegio de Abogados de Honduras (CAH) y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
Dagoberto Rodríguez, presidente del CPH, ratificó que la legislación violenta garantías constitucionales en materia de libertad de expresión y el principio de derecho a la defensa; además, establece un régimen de censura previa para la ciudadanía, periodistas y medios de comunicación que producen y difunden contenidos en internet.
Rodríguez expuso que de aprobarse la iniciativa es casi seguro que habrá muchos recursos de inconstitucionalidad contra la Ley Nacional de Ciberseguridad, por lo que recomendó a los dictaminadores que soliciten la opinión consultiva del relator especial de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al relator de la ONU para evitar que se afecte la libre emisión del pensamiento.
José María Díaz, presidente del Colegio de Abogados de Honduras, expresó que se debe preservar el derecho a la libertad de expresión y recomendó a los legisladores definir claramente la gama de delitos y armonizar los mismos para evitar figuras delictivas dispersas.
Alto riesgo
María Soledad Pazo, representante de Oacnudh, expresó que la propuesta de ley presenta preocupaciones con respecto a su impacto sobre el derecho a la libertad de expresión en internet, el cual se vería limitado indebidamente en contradicción con el derecho internacional.
“Este proyecto de ley, como está en este momento, no contiene las garantías suficientes para garantizar el cumplimiento de la obligación positiva del Estado en materia de libertad de expresión de la ciudadanía y pone en especial riesgo a los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y propietarios de dominios en web, así como personas con un discurso político hacia el Estado y sus instituciones”.
Entre otras cosas, comentó que resulta altamente preocupante que el artículo 8 de la ley incluya la sanción administrativa de suspensión y bloqueo del servicio de sitios web, lo cual es una medida extrema análoga a la prohibición de un periódico o una emisora de radio y televisión.
La discusión y aprobación de la Ley Nacional de Ciberseguridad quedará en suspenso en su segundo y tercer debate mientras se solicita la opinión consultiva del relator especial de Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), así como de otros sectores de la sociedad hondureña.
La comisión de dictamen del Congreso Nacional accedió ayer a darle mayor pensamiento a esta polémica iniciativa tras reunirse con los representantes del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), la Asociación de Medios de Comunicación (AMCH), la Asociación de Prensa Hondureña (APH), la Oacnudh, la OEA, el Colegio de Abogados de Honduras (CAH) y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
Dagoberto Rodríguez, presidente del CPH, ratificó que la legislación violenta garantías constitucionales en materia de libertad de expresión y el principio de derecho a la defensa; además, establece un régimen de censura previa para la ciudadanía, periodistas y medios de comunicación que producen y difunden contenidos en internet.
Rodríguez expuso que de aprobarse la iniciativa es casi seguro que habrá muchos recursos de inconstitucionalidad contra la Ley Nacional de Ciberseguridad, por lo que recomendó a los dictaminadores que soliciten la opinión consultiva del relator especial de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al relator de la ONU para evitar que se afecte la libre emisión del pensamiento.
José María Díaz, presidente del Colegio de Abogados de Honduras, expresó que se debe preservar el derecho a la libertad de expresión y recomendó a los legisladores definir claramente la gama de delitos y armonizar los mismos para evitar figuras delictivas dispersas.
Alto riesgo
María Soledad Pazo, representante de Oacnudh, expresó que la propuesta de ley presenta preocupaciones con respecto a su impacto sobre el derecho a la libertad de expresión en internet, el cual se vería limitado indebidamente en contradicción con el derecho internacional.
“Este proyecto de ley, como está en este momento, no contiene las garantías suficientes para garantizar el cumplimiento de la obligación positiva del Estado en materia de libertad de expresión de la ciudadanía y pone en especial riesgo a los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y propietarios de dominios en web, así como personas con un discurso político hacia el Estado y sus instituciones”.
Entre otras cosas, comentó que resulta altamente preocupante que el artículo 8 de la ley incluya la sanción administrativa de suspensión y bloqueo del servicio de sitios web, lo cual es una medida extrema análoga a la prohibición de un periódico o una emisora de radio y televisión.
