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Depuradores ahora apuntan a enjuiciar y castigar a oficiales de Policía corruptos

  • 08 mayo 2016 /

Tegucigalpa, Honduras.

El proceso de depuración de la Policía Nacional entrará esta semana en una nueva fase orientada a judicializar y castigar a todos los oficiales implicados en diversos delitos o que se enriquecieron ilícitamente.

Con ese fin, los miembros de la Comisión Especial de Depuración y Reestructuración de la Policía Nacional se reunirán esta semana con representantes del Ministerio Público (MP), Poder Judicial y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

El objetivo de estas reuniones es establecer mecanismos de trabajo conjunto a fin de investigar, juzgar y castigar a los oficiales y agentes policiales que hayan transgredido la ley, cometido delitos, incumplido sus deberes y enriquecido ilícitamente.

En las últimas tres semanas, la Comisión Especial encargada de determinar la idoneidad y confianza de los altos oficiales y agentes de escala básica de la Policía Nacional ha evaluado a nueve generales y 47 comisionados, y se apresta a someter a examen a 108 subcomisionados de policía. De los nueve generales evaluados, tres fueron ratificados en sus puestos, tres fueron cancelados por reestructuración, dos fueron suspendidos por estar siendo investigados en casos emblemáticos y uno se encuentra de vacaciones y se tomará una decisión sobre su futuro hasta que regrese de las mismas.

De los 47 comisionados de la Policia Nacional que fueron evaluados, 16 fueron ratificados, cuatro solicitaron su retiro voluntario, 23 fueron cancelados por reestructuración y cuatro estarán suspendidos las próximas 16 semanas mientras concluyen investigaciones sobre ellos.

Omar Rivera, miembro de esta instancia, recordó que según el decreto legislativo, los depuradores únicamente tienen la atribución de determinar la idoneidad y la confianza en servicio e implementar mecanismos de seguimiento y supervisión de los procesos de los policías cancelados; pero corresponde al MP, el TSC y el Poder Judicial llevarlos ante los tribunales de justicia por sus actos ilegales.