Tegucigalpa, Honduras.
El secretario ejecutivo del Consejo de Ministros, Ebal Díaz, dijo este viernes que el éxito del proceso de depuración de la Policía Nacional dependerá del procedimiento que se defina para terminar la relación con los policías.
Esta mañana el alto funcionario dijo que la comisión especial junto con el secretario de seguridad deberán definir el proceso a seguir para iniciar la depuración.
Señaló que se garantizará a los policías su derecho a defensa y el Poder Ejecutivo definirá el mecanismo con los recursos para cancelar el pago de los derechos.
Díaz dijo que ha autorizado al Secretario de Finanzas para que busque los recursos que se requieren para llevar a cabo el proceso, señaló que al menos unos 50 millones de dólares -más de mil 100 millones de lempiras- son los que se requieren.
El Congreso Nacional aprobó ayer el decreto de emergencia enviado por el Poder Ejecutivo que concede facultades especiales al secretario de Seguridad, para que bajo un procedimiento breve garantizando el derecho de defensa, pueda efectuar separaciones en la Policía Nacional, la ley tiene vigencia de 12 meses.
Se estima que bajo este mecanismo serán cesanteados o despedidos unos mil 500 policías.
Díaz dijo que no hay que confundir y que 'una cosa es el decreto para depurar y otro es la nueva ley de policía'.
'El proyecto de depuración es depuración, la parte permanente es lo que debe estar en la ley. El decreto es para separar a los policías malos de la Policía Nacional', apuntó.
Estas acciones se originan tras un informe que vincula a altos jefes policiales y de diferentes escalas en la planificación y ejecución de crímenes de alto impacto entre ellos el del zar antidrogas, Julián Arístides González y el analista, Alfredo Landaverde.
El decreto contiene ocho artículos, el cuatro señala que la comisión especial en el proceso de depuración tiene las atribuciones siguientes:
1. Determinar la idoneidad en el servicio como la confianza, capacidad, habilidad, aptitud, competencia, disposición y lealtad que debe poseer todo miembro de la carrera policial.
2. Implementar un mecanismo de seguimiento y supervisión de los procesos de los miembros de la Policía Nacional cancelados.
3. Remitir al Ministerio Público y al Tribunal Superior de Cuentas, los expedientes de las personas canceladas por la supuesta comisión de un ilícito.
