Fortalecer los métodos para investigar a los operadores de justicia, entre ellos la Policía Nacional, fue una de las 88 recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, CVR.
“El Gobierno debe revisar la estructura de la Oficina de Asuntos Internos de la Policía, la Inspectoría de Juzgados y tribunales del Poder Judicial y la Inspección de las Fuerzas Armadas con el fin de dotarlas de las atribuciones y los recursos necesarios para ejercer sus funciones de control de manera efectiva, imparcial e independiente”, aconsejó la Comisión.
Luego acota el informe: “La Policía Nacional, incluyendo la Policía Nacional Preventiva y la Dirección Nacional Investigación Criminal, DNIC, debe fortalecer sus procedimientos de evaluación y control interno para excluir a los funcionarios implicados en prácticas irregulares o delictivas”. Es decir que, según la CVR, se requieren estructuras más sólidas para “contarles las costillas” a estas instituciones debido a que los métodos de supervisión han mostrado serias debilidades.
Crimen de universitarios
La muerte de los universitarios Rafael Alejandro Vargas Castellanos y Carlos David Pineda supuestamente a manos de policías que integran una banda criminal dirigida por oficiales puso en evidencia la corrupción en la Secretaría de Seguridad.
Vargas era hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Unah, Julieta Castellanos, por lo que el crimen generó una inusitada presión para que se conocieran los autores. Las pesquisas apuntaron que elementos policiales ejecutaron el delito.
La CVR presentó en julio pasado un informe sobre los hechos en torno al derrocamiento del expresidente Manuel Zelaya en junio de 2009. El estudio incluyó recomendaciones para evitar una nueva crisis política.
La Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia tuvieron, según la CVR, participación directa en la crisis, por lo que deben ser depuradas y para ello es necesario escrutarlas.
La Comisión de la Verdad también aconsejó que “para asegurar la independencia, idoneidad e imparcialidad de los magistrados de todas las instancias del Poder Judicial y el fiscal general, fiscal adjunto y fiscales de todas las instancias del Ministerio Público, proponemos que sean elegidos por un Consejo Nacional de Magistratura”.
