El proyecto de Ley Especial de Depuración de la Policía Nacional será estudiado a profundidad, a efecto de que su aplicación no redunde en violaciones constitucionales y al abuso de poder, según expresaron diputados de las diferentes bancadas.
El documento fue recibido ayer por el secretario del Congreso Nacional, Rigoberto Chang Castillo, quien dio lectura a la nota de remisión.
Con esta ley, el Congreso les estaría dando amplios poderes no sólo al ministro de Seguridad, sino también a los jefes de mandos intermedios para que puedan separar a los policías vinculados al crimen organizado y actos de corrupción.
El ministro de Seguridad, Óscar Álvarez, reconoció que la Policía ha sido infiltrada por el crimen organizado, incluyendo personal de escala básica, oficiales y personal administrativo.
Algunos de sus miembros están involucrados en actividades del narcotráfico, al extremo que se ha comprobado que algunos hacen hasta el papel de “controladores aéreos” para facilitar el aterrizaje de narcoavionetas.
Pero también hay policías involucrados en robo de vehículos, asaltos bancarios, secuestros y extorsiones.
Álvarez retó a los jefes policiales poner a la orden de la justicia a los comprometidos en estos ilícitos; sin embargo, a la vez admitió que no había una legislación expedita que permita sacarlos ipso facto de la institución policial.
El proyecto contiene cinco artículos y tiene una vigencia temporal hasta el 27 de enero de 2014, es decir, cuando termina el presente mandato.
De esta manera se deja abierta la posibilidad para que un nuevo Gobierno extienda su vigencia o la descarte por inaplicable o inefectiva.
Según este proyecto, el ministro podría proceder, con “libre discrecionalidad” a dar por terminada la carrera de personal clasificado dentro de la escala superior, ejecutiva, inspección, básica de cadetes y auxiliar de la Policía Nacional.
El mismo documento exhorta a los miembros de la institución a que busquen un arreglo laboral con la Secretaría, mediante el cual recibirían un mes de salario por cada año de servicio.
Sumado a esto, quienes opten por el retiro conservan sus derechos laborales irrenunciables.
El artículo 3 establece que no aplicarán, para lo dispuesto en este decreto, ninguna de las disposiciones de la Ley Orgánica de la Policía Nacional.
Esto significa que todo el acuerdo se hará con base en este decreto de depuración.
El artículo 5 establece que el decreto estará vigente “desde su publicación en el diario oficial La Gaceta, hasta el 27 de enero de 2014”.
Rigoberto Chang Castillo afirmó que para este decreto se aplicará el procedimiento
parlamentario, al ser
remitido a una comisión especial que hará los estudios correspondientes.