La entrega de subsidios a los diputados o el financiamiento de fundaciones en las que los políticos tienen intereses no es nada nuevo y siempre ha estado en el tapete de las negociaciones bajo la mesa o para favores políticos.
El traslado de recursos ha sido más evidente en tiempos de campaña política, pero difícilmente se conocen los destinos de esos fondos y nunca se han presentado informes finales.
Esta semana salió a la luz el malestar que prima en alguna dirigencia del Partido Nacional porque muchos diputados que tienen nexos directos e indirectos con fundaciones u organizaciones no gubernamentales han recibido transferencias del Congreso Nacional.
Los mencionados atribuyen todo a una campaña de desprestigio, otros alegan que es un reacomodamiento de las fuerzas internas del Partido Nacional, mientras un último sector dice que es un acto inmoral de parte de algunos “padres de la patria”.
Una versión
La polémica en el Partido Nacional se generó cuando desde el año pasado el subjefe de la bancada ante el Congreso, Antonio Rivera Callejas, advirtió que no era ético que diputados nacionalistas resultaran favorecidos con una ampliación autorizada el año anterior por el presidente del Legislativo, Roberto Micheletti, por más de 20 millones de lempiras a las fundaciones propiedad de los parlamentarios nacionalistas.
La mayoría de los dirigentes a los que se acusa de recibir dinero son personas ligadas al presidente del Comité Central, Porfirio Lobo Sosa.
Otras versiones indican que el problema se ha originado porque la cúpula del Partido Nacional habría rechazado una propuesta para una reforma constitucional que allane el camino de una candidatura de Roberto Micheletti.
Las discrepancias han subido de tono entre el subjefe de bancada y el diputado de Lempira, Juan Orlando Hernández, al grado que en una reunión celebrada recientemente entre diputados y dirigentes del partido, en lugar de salir unidos la situación pareció empeorar.
Operan sin control
En el país se estima que hay más de ocho mil organizaciones no gubernamentales y aunque el entonces ministro de Gobernación y ahora diputado Ramón Hernández Alcerro emitió una resolución para regularlas, los resultados han sido pocos.
El Estado destinó recursos económicos a fundaciones que ni siquiera han rendido cuentas ante la Unidad de registro y seguimiento de asociaciones civiles de la Secretaría de Gobernación y Justicia, según los informes.
Unas 8,284 organizaciones civiles no han sido reguladas en un cien por ciento por los problemas logísticos y presupuestarios que enfrenta la unidad.
La secretaria general de Gobernación y Justicia, Sonia Cruz de Aspra, admitió ayer que no hay un cumplimiento estricto en las disposiciones legales en cuanto a la regulación de las ong, debido a la incapacidad logística que tiene la institución.
Según la funcionaria, toda organización civil está en la obligación de presentar un balance anual de sus movimientos financieros ante la unidad; sin embargo, la mayoría ha incumplido.
Partidos chiquitos reciben fondos
Tegucigalpa. Los diputados de los partidos minoritarios Pinu, Democracia Cristiana y UD aceptaron haber recibido dinero del Congreso Nacional para repartirlo como subsidios.
El año anterior, sólo el colectivo parlamentario del Partido Unificación Democrática recibió 125 mil lempiras, reveló la jefe de dicha fuerza política, Doris Gutiérrez.
La congresista aclaró que ese dinero es manejado en una cuenta mancomunada entre los 9 diputados propietarios y suplentes del colectivo, y su distribución se hace en base a un reglamento y al orden de prioridad de proyectos comunitarios.
“Los subsidios son una manera de mercadearse y atraer el clientelismo, y en algunas ocasiones sirven para comprar la conciencia de las personas”, comentó Gutiérrez.
El diputado Orle Solís no quiso revelar a cuánto asciende el monto del dinero que ha recibido en subsidios la bancada de la DC.
