Para la abogada Maribel Espinoza sería grave e irresponsable elegir a magistrados que no tengan los méritos y cualidades que dichos cargos imponen, o “que se elija a corruptos traficantes de influencias o personas que hayan infringi do la ley para administrar justicia, precisamente en el momento histórico en que la sociedad demanda un cese a la impunidad, al cambio social que merecemos”. En una entrevista brindada a LA PRENSA habló sobre este tema.
La Junta Nominadora tiene una enorme responsabilidad y está haciendo muchos esfuerzos y no debe permitir el manoseo político. No es momento de juzgar su trabajo, sino que ocho millones de hondureños debemos estar muy atentos y vigilantes a dicho proceso porque se está seleccionando a quienes deciden sobre nuestras libertades y demás derechos fundamentales, sobre nuestra propiedad, derechos personales y sociales, en fin, esta elección es en mi opinión más importante que elegir a un presidente de la república porque sus decisiones inciden en todos los aspectos de la vida de los ciudadanos, por lo cual dichos magistrados deben tener la integridad, idoneidad y temperamento judicial que tan digna posición amerita.
Que desde el punto de vista jurídico no proceden los recursos de amparo contra las decisiones de la Junta Nominadora porque no se trata de un poder o de una autoridad del Estado y tampoco es sostenida con fondos públicos, ni actúan por delegación de un poder del Estado; consecuentemente, en Honduras únicamente procede dicho recurso contra la autoridad. La Junta Nominadora es una entidad temporal de rango constitucional que solo tiene como finalidad realizar el proceso de preselección de magistrados. Por otro lado, es lamentable y triste que se pretenda mediante recursos de amparo volver al proceso en el que ya fueron evaluados. Recuerde que la Junta Nominadora no solo califica la idoneidad profesional, temperamento judicial de los postulantes, sino que su integridad, y este es un atributo subjetivo cuya calificación se funda en criterios diferentes.
Ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia debería ser un honor reservado para los intachables, y, por ello, quienes deciden participar en dicho proceso deben someterse al escrutinio público y no deberán tener cabida personas que han sido cuestionadas fundadamente o que hayan infringido la ley; sin embargo, con mucha sorpresa y pena por Honduras, veo el atrevimiento de postulantes que aun cuando tienen denuncias o procesos judiciales pendientes o fueron destituidos del Poder Judicial por actos deshonrosos pretenden ser magistrados, o aquellos que es de lato conocimiento que buscan esos cargos para tráfico de influencias. Concejales que han sido denunciados por su conducta por los actuales magistrados y han defraudado claramente a los ciudadanos al no haber cumplido con su cometido y ahora nos sorprende que quieren ser magistrados. Eso solo ocurre en sociedades como la nuestra, adonde campea la impunidad y corrupción. Por eso, entre otros ciudadanos, grupo de abogados hemos formulado denuncias contra algunos postulantes y hemos aportado las pruebas suficientes para su descalificación.
Que en los momentos difíciles como en los que nos encontramos, donde los ciudadanos desconfían de los jueces y magistrados, la elección de estos nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia debe ser la mejor, porque “en las horas de peligro es cuando la patria conoce el quilate de sus hijos”, como lo decía Ciceron. Y hoy en Honduras conoceremos el quilataje de los miembros de la Junta Nominadora al hacer la selección correcta de aquellos verdaderamente probos y comprometidos sin excusas para combatir la corrupción e impunidad que imperan en Honduras.