El diputado nacionalista por Cortés Darío Gámez asumió ayer la gerencia
general de la Empresa Nacional Portuaria, ENP.
El congresista fue nombrado en el cargo por el presidente Porfirio Lobo en sustitución de Maynor Pinto.
El cambio se produjo tras un proceso de intervención realizado por una comisión nombrada desde el Poder Ejecutivo que confirmó la profunda crisis que atraviesa la institución ante varias irregularidades en las últimas administraciones.
Gámez asumió la titularidad de la Portuaria la tarde de ayer luego de haber sido presentado por el ministro de Obras Públicas Transporte y Vivienda, Soptravi, Miguel Pastor, ante el consejo directivo de la ENP.
“Tenemos instrucciones del presidente de la República de varias cosas que hay que fortalecer para que la Empresa Nacional Portuaria tenga una imagen y garantizar que sea lo que fue hace tiempo el emporio más grande en la parte portuaria de Honduras”, dijo el nuevo gerente de la ENP.
“Vamos a tratar de sentarnos a platicar con la gente que ha estado manejando la Empresa Nacional Portuaria en la parte direccional y operacional para ver qué cosas tienen, vamos a ver los informes de la comisión que estuvo en la Portuaria”, afirmó.
Irregularidades
El Gobierno designó al nuevo gerente de la ENP tras confirmarse una serie de actos de corrupción a través de informes elaborados por el Tribunal Superior de Cuentas, TSC, y la interventora del Gobierno.
Un informe preliminar de la Interventora nombrada en junio de 2011 por el presidente Porfirio Lobo revela una serie de anomalías que se cometieron en los procesos de compra de equipos y repuestos en detrimento de los recursos del Estado y de las operaciones de Puerto Cortés.
El informe habla de la compra de tenazas que valen 800 lempiras a precios, en factura, de hasta 4,000 lempiras.
Se mencionan casos como la adquisición de interruptores “push boton” valorados en el mercado en 1,570 lempiras,
pero que en factura aparecen cancelados por 22,400 lempiras y motores de rotación que cuestan 48,300 lempiras se pagaron, según facturas, a 139,000 lempiras.
La sobrevaloración de estos equipos es tan escandalosa que en algunos casos ronda entre 1,000 y 1,500%.
Otros productos que fueron comprados aparecen sobrevalorados en 200, 300 y 500%.
“El inventario selectivo de repuestos, accesorios, equipo de oficina y materiales practicado en la bodega de suministros de la Empresa Nacional Portuaria concluye que existen valores de repuestos, accesorios y materiales eléctricos con precio de adquisición por parte de la empresa superiores a los precios del mercado, según cotizaciones realizadas”, señala el informe.
El documento fue entregado al Presidente.
Equipo obsoleto
El informe también señala que el 70% del equipo de la Portuaria está obsoleto o fuera de servicio curiosamente por la falta de los mismos repuestos que eran adquiridos a valores por encima del 1,000% del costo real del mercado.
Los informes del TSC también confirmaron el despilfarro de casi 30 millones de lempiras por irregularidades como contratación ilegal de personal, paracaidismo, pagos de servicios indebidos y compras anómalas.
Visita al TSC
Es de mencionar que Lobo Sosa determinó destituir a Pinto de la ENP, curiosamente, un día después de haber visitado las instalaciones del Tribunal Superior de Cuentas, TSC, para conocer en detalle los informes sobre corrupción elaborados por la institución.
La investigación del TSC abarcó a las tres últimas administraciones presidenciales, es decir, la de Manuel Zelaya (2006-2009), la de Roberto Micheletti (junio de 2009 a enero de 2010) y los casi dos años de Lobo Sosa.
“Los hallazgos han originado responsabilidades civiles por la cantidad de 28,500,177.49 que, de acuerdo con lo que establece el artículo 89 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, serán notificadas a cada sujeto responsable a través de pliegos de responsabilidad civil”, establece el reporte del TSC.
Ayer mismo durante una comparecencia en un foro televisivo, el presidente Porfirio Lobo confirmó que en los próximos días realizará más cambios en el gabinete de Gobierno, aunque no precisó
que ministros abandonarían su puesto y estimó que sería un total de seis u ocho ministros que serían destituidos.
