Tegucigalpa, Honduras.
La solución para resolver la crisis universitaria aún no se vislumbra. Hoy se cumplen 44 días de protestas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), lo que pone en peligro el tercer período académico.
Julieta Castellanos, rectora de la Unah, detalló ayer que “lo que estamos planteando y sigue vigente es la extensión del segundo período”.
Esto implicará, en algunas facultades, la prolongación de cuatro semanas o menos, siempre y cuando las clases se retomen el lunes, aseguró.
Si las actividades académicas no inician la próxima semana, el tercer período se reducirá a menos semanas, lo que conlleva a que los estudiantes cursen menos horas clases. Los períodos pueden ser de 10, 11 y hasta 14 semanas.
“Si se avanza sin clases y el segundo período se extiende, lo que se está limitando es el tercero”, advirtió.
Las protestas de los estudiantes organizados en el
Movimiento Estudiantil Universitario (MEU) terminaron en sucesos violentos el martes pasado, luego que la Policía Nacional llegara a desalojar a los universitarios.
Al respecto, la rectora dijo que no hay personas identificadas dentro del campus universitario.
“Cuando la protesta se sale a la calle no es un tema que corresponde a la universidad, es de la autoridad policial”, adujo.
Manifestó que dentro de la Unah los daños solo fueron manchas de pintura, para lo cual se contrató una empresa de limpieza.
En ese sentido, Virgilio Padilla (diputado) presentó ayer un recurso de amparo para evitar la injerencia de la Policía en los problemas de la institución educativa.
“Es una conducta baja el desalojo de los estudiantes. La Unah es autónoma”, recordó el parlamentario.
Sigue en su lucha
Pese a los actos violentos, los integrantes del MEU continuaron ayer con las acciones de protesta en Ciudad Universitaria.
La mayoría de los edificios de este campus estaban tomados y los predios, despejados de estudiantes.
Estas discrepancias entre autoridades de la máxima casa de estudios y universitarios no solo a afectado en las clases, sino también los negocios de las afueras de la Unah.
Marvin Elvir, un taxista de punto, manifestó que la ausencia de clases les perjudica porque no existe el mismo flujo de pasajeros.
Fausto Cálix, dirigente del MEU, lamentó que el anteproyecto de ley que entregaron al Congreso no haya sido presentado ante el resto de los diputados.
“Mientras no tengamos una respuesta positiva desde este poder del Estado o desde la misma universidad con la renuncia de la rectora Castellanos no vamos a cesar en las acciones que hemos emprendido esta semana”, puntualizó.
Este proyecto plantea la instalación de una junta de transición, integrada por diversos sectores y universitarios que gocen de autonomía.
Asimismo, propone la celebración de elecciones estudiantiles para conformar de forma legítima los órganos de gobierno de la Unah.
“El MEU ha tomado en consideración que el diálogo ya no es una vía (para resolver el conflicto), puesto que las autoridades universitarias nos mintieron y violentaron el acuerdo”, recordó.
Además, los integrantes del MEU piden que no se judicialice ni se criminalice la protesta.
Al respecto, Tomás Zambrano, prosecretario del Congreso, informó que en los próximos días se nombrará una comisión dictaminadora del anteproyecto del MEU.
Por su parte, Oswaldo Ramos Soto, diputado y exrector de la Unah, se abstuvo de dar declaraciones mientras no conozca el proyecto.
Escuetamente, dijo que “cuando hay un problema hay que resolverlo rápido y no dejar que pase tanto tiempo”.
Yuri Sabas, jefe de la bancada del Partido Liberal, comentó que el diálogo sigue siendo la solución a la crisis.
Añadió que ambas partes están obligadas a dialogar y la rectora estará hasta los primeros días de septiembre.
“Mi recomendación es que eviten que los políticos entren en este tema porque si nos involucramos alguien va a querer imponer su criterio”, enfatizó.
Injerencia política
Roberto Herrera Cáceres, titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), expresó ayer que toda injerencia política es inaceptable, repudiable y es contraria a los principios que deben caracterizar el desarrollo de la educación superior.
A su criterio, esos factores externos hay que evitarlos, controlarlos y pedirles que voluntariamente se abstengan de intervenir.
La solución para resolver la crisis universitaria aún no se vislumbra. Hoy se cumplen 44 días de protestas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), lo que pone en peligro el tercer período académico.
Julieta Castellanos, rectora de la Unah, detalló ayer que “lo que estamos planteando y sigue vigente es la extensión del segundo período”.
Esto implicará, en algunas facultades, la prolongación de cuatro semanas o menos, siempre y cuando las clases se retomen el lunes, aseguró.
Si las actividades académicas no inician la próxima semana, el tercer período se reducirá a menos semanas, lo que conlleva a que los estudiantes cursen menos horas clases. Los períodos pueden ser de 10, 11 y hasta 14 semanas.
“Si se avanza sin clases y el segundo período se extiende, lo que se está limitando es el tercero”, advirtió.
| Entre las instalaciones que siguen tomadas por los estudiantes aglutinados en el MEU están los edificios de de Ciencias Sociales, Economía y Derecho.
|
Al respecto, la rectora dijo que no hay personas identificadas dentro del campus universitario.
“Cuando la protesta se sale a la calle no es un tema que corresponde a la universidad, es de la autoridad policial”, adujo.
Manifestó que dentro de la Unah los daños solo fueron manchas de pintura, para lo cual se contrató una empresa de limpieza.
En ese sentido, Virgilio Padilla (diputado) presentó ayer un recurso de amparo para evitar la injerencia de la Policía en los problemas de la institución educativa.
“Es una conducta baja el desalojo de los estudiantes. La Unah es autónoma”, recordó el parlamentario.
| En los centros regionales han hecho actividades en apoyo a las protestas en Ciudad Universitaria.
|
Pese a los actos violentos, los integrantes del MEU continuaron ayer con las acciones de protesta en Ciudad Universitaria.
La mayoría de los edificios de este campus estaban tomados y los predios, despejados de estudiantes.
Estas discrepancias entre autoridades de la máxima casa de estudios y universitarios no solo a afectado en las clases, sino también los negocios de las afueras de la Unah.
Marvin Elvir, un taxista de punto, manifestó que la ausencia de clases les perjudica porque no existe el mismo flujo de pasajeros.
Fausto Cálix, dirigente del MEU, lamentó que el anteproyecto de ley que entregaron al Congreso no haya sido presentado ante el resto de los diputados.
“Mientras no tengamos una respuesta positiva desde este poder del Estado o desde la misma universidad con la renuncia de la rectora Castellanos no vamos a cesar en las acciones que hemos emprendido esta semana”, puntualizó.
| Cronología
13 junio de 2017
Inicio
Un grupo de estudiantes de la Unah comienza con los paros en las instalaciones de Ciudad Universitaria por la criminalización de la protesta.
22 junio de 2017
Audiencia
Se suspende para agosto la audiencia a 20 estudiantes acusados de los delitos de usurpación y privación injusta de la libertad.
29 junio de 2017
Marcha
El MEU realiza una megamarcha con miles de estudiantes, entre las exigencias están la renuncia de la rectora Julieta Castellanos, quien dice que no deja el cargo mientras no haya razones legales para hacerlo.
25 julio 2017
Violencia
Los cuerpos de seguridad desalojan a universitarios que mantenían tomada la Unah.
|
Asimismo, propone la celebración de elecciones estudiantiles para conformar de forma legítima los órganos de gobierno de la Unah.
“El MEU ha tomado en consideración que el diálogo ya no es una vía (para resolver el conflicto), puesto que las autoridades universitarias nos mintieron y violentaron el acuerdo”, recordó.
Además, los integrantes del MEU piden que no se judicialice ni se criminalice la protesta.
Al respecto, Tomás Zambrano, prosecretario del Congreso, informó que en los próximos días se nombrará una comisión dictaminadora del anteproyecto del MEU.
Por su parte, Oswaldo Ramos Soto, diputado y exrector de la Unah, se abstuvo de dar declaraciones mientras no conozca el proyecto.
| 90,000 estudiantes tiene aproximadamente la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a nivel nacional; matrícula ha aumentado.
|
Yuri Sabas, jefe de la bancada del Partido Liberal, comentó que el diálogo sigue siendo la solución a la crisis.
Añadió que ambas partes están obligadas a dialogar y la rectora estará hasta los primeros días de septiembre.
“Mi recomendación es que eviten que los políticos entren en este tema porque si nos involucramos alguien va a querer imponer su criterio”, enfatizó.
Injerencia política
Roberto Herrera Cáceres, titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), expresó ayer que toda injerencia política es inaceptable, repudiable y es contraria a los principios que deben caracterizar el desarrollo de la educación superior.
A su criterio, esos factores externos hay que evitarlos, controlarlos y pedirles que voluntariamente se abstengan de intervenir.
Condenó los actos de violencia y confrontación suscitados en las últimas horas entre estudiantes y autoridades policiales.
“Hacemos un llamado a todas las partes que intervienen, directa o indirectamente en el conflicto, a evitar todo acto de violencia, odio, irrespeto o confrontación que afecte la dignidad humana de las personas”, instó.
Declaró que el Conadeh le ha dado seguimiento a este conflicto que está derivando en una crisis que debe evitarse por sus incidencias a nivel nacional. Herrera Cáceres, reiteró que en aras del respeto a la autonomía, la comunidad universitaria debe asumir sus propias responsabilidades de resolver internamente este conflicto.
Agregó que la autonomía universitaria es la que preserva la libertad académica, que garantiza que no habrá influencias de sectores externos en la Unah.
Esa libertad es la que garantiza que los estudiantes y los docentes tengan participación activa en el gobierno universitario y fortalece la capacidad de impulsar la educación superior”, precisó.
También dijo que el Estado hondureño debe garantizar, con la colaboración de la comunidad universitaria, la protección y el respeto del derecho humano a la educación superior de calidad.
De esa forma, evitar que ese derecho sea obstaculizado o impedido.
