La crisis interna que afloró en la Corte Suprema de Justicia es producto de la destitución ilegal de cuatro magistrados por el Congreso Nacional, afirmó el diputado German Leitzelar.
“No se ha sabido manejar este problema y como consecuencia se ha manifestado esta serie de situaciones de conflicto que estamos viviendo y ojalá sea para bien y no para mal que pueda haber un consenso dentro de esa reorganización y pueda haber un mecanismo que sea más adecuado”, dijo el congresista del Partido Innovación y Unidad (Pinu).
Conflicto
La crisis interna se agudizó la semana anterior por la decisión del presidente de la CSJ, Jorge Rivera Avilés, de hacer una rotación de coordinadores de las salas del Poder Judicial.
La situación que se está dando dentro de la CSJ es ante la integración de la Sala Especial que conoció los recursos interpuestos por la Barra de Abogados Anticorrupción y los magistrados destituidos por el Congreso Nacional.
Dicha rotación fue impugnada por los coordinadores porque aseguran que se ha violentado el reglamento interno de la Corte Suprema de Justicia.
La integración de salas se realiza al inicio del período, es decir cuando los magistrados toman posesión de sus cargos.
Los actuales magistrados asumieron el 25 de enero de 2009, pero el pasado 28 de enero sorpresivamente recibieron la notificación de los cambios sin tomar en cuenta la especialización en cada materia de los coordinadores asignados a las salas.
El diputado Leitzelar adujo: “Ese es un problema interno en el que la CSJ tiene que rescatar su institucionalidad, fortalecerse, emitir el fallo que corresponde en derecho en el problema del amparo que está interpuesto porque tengo la plena seguridad de que todo esto no es más que el resultado y la derivación del conflicto que se generó cuando el Congreso Nacional intervino dentro de la Corte con la destitución de esos magistrados”.
Más que un problema de credibilidad de la CSJ se trata de un conflicto de institucionalidad y todos esos altercados dentro del Poder Judicial no son más que consecuencia de ese acto irregular que cometió el Congreso Nacional, enfatizó el congresista.
Leitzelar consideró que ahora se ha reafirmado el criterio que él sostuvo en cuanto a que no se estaría creando la figura del juicio político e incorporando a los magistrados si hubiese sido correcto lo que se hizo. Eso evidencia que no fue correcta la decisión.
El pasado 12 de diciembre, el Congreso Nacional destituyó a cuatro de los cinco magistrados que integraban la Sala de lo Constitucional, un acto que fue calificado como ilegal por cuanto los jueces destituidos no tuvieron derecho a la defensa.
Un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por los magistrados destituidos fue declarado “inadmisible” por una Sala Constitucional Especial integrada al efecto.
En consecuencia, será un pleno especial que decidirá esta semana la suerte de estos magistrados. Si la resolución es contraria a sus pretensiones, se anuncia que acudirán a las instancias internacionales.
Recientemente, la relatora de la ONU, Gabriela Kanaul, le rindió un informe al pleno de ese organismo, calificando que la destitución de los cuatro magistrados “representa un grave atentado a la democracia de Honduras”.
La gente se enreda porque quiere, dijo ayer el presidente Porfirio Lobo en relación con la crisis dentro del Poder Judicial.
Lobo sostuvo que la Constitución señala que quien elige a los magistrados es el Congreso Nacional y por ello no hay injerencia alguna, sino un deber constitucional.
“Celebro que ahora hay un procedimiento bien establecido, pero la acción del Congreso de nombrar y destituir es facultad del Congreso, como dice la Constitución”, afirmó ayer el mandatario.
