La Corte Suprema de Justicia de Honduras deberá nombrar de forma oficial a un nuevo magistrado para integrar la Corte de Apelaciones que conoce los juicios contra el ex presidente Manuel Zelaya, luego de que Gustavo Bustillo Palma, uno de los tres integrantes de la misma, se excusara para conocer el caso.
Bustillo tomó la determinación de inhibirse del caso aduciendo que su amistad con el ex presidente de Honduras y su familia le impedían vertir un juicio sobre los casos de corrupción que se le imputan a Zelaya.
A raíz de la determinación, la misma Corte de Apelaciones turnó al magistrado Jorge Reyes Díaz de la Sala de lo Civil, conocer las causas de la decisión de Bustillo.
En caso de el argumento del magistrado sea válido, el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) deberá encargarse de nombrar al sustituto de Bustillo Palma.
Fuentes de la corte informaron preliminarmente que los magistrados del Poder Judicial de Honduras fueron citados mañana a las 9:00 AM para tratar el asunto.
A principios de marzo, la CSJ nombró al coordinador de la Sala de lo Constitucional, Óscar Fernando Chinchilla, como juez natural encargado de los casos contra Manuel Zelaya y a los magistrados Marco Vinicio Zúniga, Rosa de Lourdes Paz y Gustavo Bustillo Palma, para integrar la Corte de Apelaciones.
Luego de que sea nombrado el sustituto de Bustillo, la Corte de Apelaciones dispondrá de cinco días para emitir su resolución sobre la solicitud de nulidad presentada por la defensa de Zelaya, mientras los representantes del Estado de Honduras pidieron que se declarara sin lugar la petición de anular las dos acusaciones.
En primera instancia, el juez Chinchilla ordenó suspender las órdenes de captura contra el ex gobernante hondureño, lo que fue apelado por la defensa.
Anaím Orellana, uno de los abogados de Zelaya dijo hoy que la inhibición del magistrado Bustillo Palma “dilata más el proceso”.
Sobre el ex presidente pesan acusaciones por los delitos de falsificación de documentos públicos, abuso de autoridad y fraude en perjuicio de la fe y la administración pública.
El magistrado Bustillo integraba esa Corte Especial junto a los magistrados Rosa Lourdes Paz y Marco Vinicio Zúniga. Mientras tanto, el coordinador de la Resistencia, Rassel Tomé, dijo que se trata de un acto dilatorio por parte de las autoridades judiciales porque el abogado Bustillo desde que conoció su nombramiento para este caso debió inhibirse tal como lo hiciera un juez con anterioridad.
El abogado y diputado German Leitzelar opinó que corresponde a la Corte Suprema de Justicia nombrar ahora a un nuevo magistrado y proceder en consecuencia.
Si no se hubiese excusado el magistrado Bustillo mañana habría vencido el término para que el Tribunal de Apelaciones emita su fallo respecto a esos casos.
Trascendió que hoy o mañana se reunirá el pleno de magistrados para seleccionar al sustituto de Bustillo.
En vista de la existencia de una excusa, el término de cinco días hábiles para emitir un fallo se interrumpe y se reactivará cuando se conozca al sustituto.
Ante ello, el fallo que emitirá el Tribunal de Apelación, de anular o no los juicios, se conocería hasta la próxima semana.
“Un trato más político”
El fiscal contra la Corrupción, Henry Salgado, lamentó que a los dos procesos incoados en contra del expresidente Manuel Zelaya se les esté dando “un trato más político que legal”.
Como ya es de dominio público, el presidente Porfirio Lobo Sosa ha solicitado al Poder Judicial anular las dos acusaciones contra Zelaya, bajo el argumento que es un requisito para que Honduras retorne a la Organización de Estados Americanos, OEA.
Según Salgado, “es lamentable que exista una apreciación geopolítica sobre los juicios contra el exmandatario”.
“Notamos que hay una influencia basada en el interés político internacional, más que en el propio fin de la justicia hondureña”, expresó Salgado.
Pide debatir en juicios
“La resolución debe estar conforme a derecho, nada más. Que se tome una decisión política sobre el asunto, sería lamentable”, expresó.
Salgado aseguró que las dos acusaciones incoadas contra Zelaya son sustentables, que la comisión de los delitos de fraude y falsificación de documentos públicos pueden ser comprobables en un juicio oral y público.
Aseguró que en las dos acusaciones no se violentaron garantías constitucionales, que se interpusieron conforme a lo que dictan las leyes.
Los defensores aseveran que se violentaron garantías a Mel, por lo que piden anular los juicios.
“Si los hechos son inventados o prefabricados, como dicen algunos, la única manera de acreditarlo es en audiencias orales y públicas (en juicios), son las pruebas las que hablan, los hechos no se anulan, lo que se anulan son los actos procesales”, dijo.
Al no existir ninguna violación a derechos fundamentales ni al debido proceso, Salgado no ve razón para que se anulen las acusaciones. Lo que espera la Fiscalía es que el Poder Judicial cite a Zelaya y se defienda en libertad de los cargos, que, de contar con evidencias, compruebe que no cometió delitos ligados a la corrupción. “Si es culpable o no, será un órgano judicial que lo tenga que decidir en un juicio oral y público”, puntualizó.
Se quiebra la Resistencia
Juan Barahona y Manuel Zelaya son acusados por algunos miembros de la Resistencia por tomar atribuciones a espaldas de la base del FNRP. Así lo sostiene el ex diputado udeísta Tomás Andino.
La crisis en la Resistencia zelayista se agudizó luego de la reunión que tanto Zelaya como Barahona y otros miembros de la Resistencia tuvieron en Caracas con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, para lograr el reconocimiento de Honduras en la Organización de Estados Americanos, OEA.
En la reunión de Caracas, Chávez habría informado a Manuel Zelaya y Juan Barahona su decisión de acompañar a Honduras en su reingreso a la OEA.
El exdiputado y miembro del FNRP Tomás Andino Mencía sentenció que Zelaya y Barahona “pretenden imponer desde arriba la posición del frente”.
Andino sostiene que “ningún organismo de conducción del FNRP autorizó ir a Caracas, Venezuela, a Manuel Zelaya Rosales y a Juan Barahona, mucho menos a Gilberto Ríos, a Padilla Sunseri y a Enrique Flores Lanza –quienes no son directivos--, a comprometer al frente para someterse a una mediación con semejantes condiciones, especialmente porque contradicen varias resoluciones de nuestro máximo organismo de decisión, como es la asamblea nacional”.
La base del frente tiene derecho a exigir transparencia tanto a nuestro coordinador general, Manuel Zelaya, como a los compañeros dirigentes que se han tomado atribuciones que no les corresponden, recalca Andino.
