Tegucigalpa, Honduras
La Corte de Apelaciones del Poder Judicial solicitó a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declarar inconstitucional el artículo 131 A de la Ley Orgánica de Presupuesto, que fue catalogado como un blindaje para que los diputados no vayan a prisión.
Los jueces y magistrados tienen la facultad de desaplicar una norma ante la duda de su constitucionalidad, dijo este lunes el abogado penalista Félix Ávila.
La Red de diputados fue el caso por el cual Estados Unidos comenzó a suprimir visas a parlamentarios hondureños señalados por actos de corrupción por el Ministerio Público.
LEA: EEUU revoca visas a 16 diputados y exdiputados en Honduras
La Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad y Corrupción (Ufecic) del Ministerio Público acusó a cinco diputados por presunta malversación de caudales públicos y abuso de autoridad por recibir L3.3 millones del Congreso por medio de una ONG.
El juicio fue archivado en enero de 2018 por una jueza natural en aplicación de una reforma de la Ley Orgánica del Presupuesto, que ordena interrumpir las investigaciones o procesos legales contra legisladores que manejaron recursos estatales mientras no culmine una auditoría del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
La Ufecic acusó a uno de los diputados por falsificación de documentos, abuso de autoridad y delitos contra la forma de gobierno.
Uno de los parlamentarios hizo lectura del proyecto de ley sin mencionar el contenido del artículo 131-A, que deja en suspenso las acciones contra los legisladores, pero sí fue publicado.
