Cualquier autoridad pública o privada que impida la ejecución de la sentencia que favorece a Teleunsa se expone a responsabilidad penal, advirtió la Corte Suprema de Justicia, CSJ.
Lo anterior emana de una resolución dictada en las últimas horas en el proceso ya iniciado de ejecución de la sentencia que adjudica el derecho a Teleunsa de operar el Canal 8.
Los hechos se relacionan con un recurso de amparo que interpuso la Procuraduría General de la República, PGR, contra una diligencia de ejecución de la sentencia que otorga a Teleunsa la frecuencia de Canal 8.
En primera instancia se interpuso el amparo ante la Corte de Apelaciones del Juzgado Contencioso Administrativo, en contra de una resolución que ordena a Conatel sacar del aire, del sistema de cable, la frecuencia de Canal 8 operada por el Gobierno.
En un fallo unánime, la Corte de Apelaciones declara inadmisible y “rechazar de plano” el recurso.
En su resolución, la Corte aprecia lo siguiente: “Que en el juicio ya ha sido dictada la sentencia definitiva, la cual data del 15 de mayo de 2007, y en la que se dispuso otorgar el derecho a la Sociedad Teleunsa S. de R.L. para instalar y operar la frecuencia de canal 8 de televisión, dicha sentencia es firme al haberse resuelto en fecha 20 de mayo de 2008”.
En seguida cita que el acto impugnado “constituye una diligencia de ejecución de esa sentencia definitiva firme y además la recurrente, en este caso la Procuraduría General de la República, no se apersonó en juicio (en el momento procesal oportuno) como parte coadyuvante de la demandada”.
Cumplimiento obligatorio
La Corte fue contundente. “Que existiendo una sentencia definitiva firme y que goza de la autoridad de cosa juzgada, sus efectos y alcances son de cumplimiento obligatorio por parte de cualquier autoridad pública o privada y el juez de instancia deviene obligado so pena de responsabilidad, a dictar las providencias necesarias a fin de ejecutar lo que ya a sido juzgado, tal como lo ordena la Constitución de la República”.
Por tal razón no queda más camino que ejecutar la sentencia.
“En caso de incumplimiento por parte de los funcionarios responsables, se da lugar a las sanciones que dispone el artículo 349 del Código Penal”, advierte.
“Han pedido mi cabeza”
El juez del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Danery Medal, denunció ayer que “personas muy poderosas” que están dentro del Gobierno hacen una campaña de presión para que a él lo separen de su cargo por haber emitido el fallo que otorga la frecuencia del Canal 8 a la compañía Teleunsa.
Según Medal, el fallo fue correcto, ya que lo que se emitió en su momento fue conforme a derecho y está confirmado por los respectivos órganos jurisdiccionales del país.
“Ha llegado a mi conocimiento que muchos funcionarios públicos han considerado que en caso de continuar yo con mi posición de ejecutar lo que en su momento fue juzgado, que se busque la manera de trasladarme de mi puesto de trabajo o buscar otra posible salida como es la destitución”, denunció.
Canal 8 digital para Gobierno
El Gobierno aseguró ayer que el primer título que otorgó la Conatel para operar el Canal 8 digital fue al Estado de Honduras.
El ministro de Comunicación y Estrategia, Miguel Ángel Bonilla, dijo que el decreto enviado por el Ejecutivo al Congreso Nacional reconoce el derecho que tiene Teleunsa, de operar un canal análogo, “pero establece la reserva del Canal 8 digital para el Gobierno”.
“Es importante resaltar que en 2007 Conatel entregó al Estado de Honduras un título habilitante para operar el canal 8 digital por medio de la resolución AS155/07, es el primer título otorgado por Conatel para operar el canal 8 digital”, manifestó el representante de la Secretaría de la Presidencia, desde donde fue enviado el decreto al Congreso Nacional.
Bancada nacionalista decide hoy si reconsidera
Tegucigalpa Los diputados del partido de gobierno decidirán hoy en sesión de bancada si aceptan la reconsideración del acta de la sesión del jueves anterior, que implicaría dejar sin valor y efecto el decreto con que el gobierno de Porfirio Lobo expropia por vía Congreso Nacional la frecuencia de Canal 8.
La reunión se producirá horas antes que el plenario legislativo reanude la sesión convocada para las dos de la tarde. En este encuentro habrá de decidirse la posición de este colectivo parlamentario que -a criterio de algunos- fue sorprendido la semana anterior con la presentación del decreto confiscatorio, al que no se le dio la suficiente discusión, sino más bien fue sometido a votación a rajatablas. El jueves pasado, la aplanadora nacionalista (71 diputados), que no estaba presente en su totalidad, aprobó un decreto que otorga al Estado de Honduras el derecho de operar dos frecuencias de televisión, una de ellas, el Canal 8, que por sentencia judicial fue adjudicado al empresario Elías Asfura. La decisión, que ha sido calificada como una “expropiación”, tuvo el acompañamiento de la facción parlamentaria de Unificación Democrática.
El decreto del Congreso insta a la Conatel a asignar otra frecuencia al empresario Elías Asfura, según el presidente del CN, Juan Hernández, como un acto de “buena voluntad”. Asfura ha calificado de “bochornosa” y de un atropello la acción del Gobierno.
