Tegucigalpa, Honduras.
El informe sobre las actuaciones del Consejo de la Judicatura y Carrera Judicial revela escandalosas sumas gastadas en viáticos, contrataciones irregulares y muchas más anomalías que cometieron sus miembros en el Poder Judicial.
Ante las denuncias de las actuaciones del Consejo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, días después de tomar posesión en el Poder Judicial, nombró una Mesa Técnica Verificadora para revisar las decisiones adoptadas por los consejeros. Un resumen fue leído ayer por el portavoz de la Corte, Melvin Duarte, ante los medios de comunicación. El informe completo fue subido horas después a la página web del Poder Judicial.
El informe, que en su primera etapa abarcó desde el primero de agosto de 2015 al 11 de febrero de 2016, establece que 35 familiares de consejeros y directores fueron contratados por el Consejo de la Judicatura, violando los códigos de ética. Unas 15 personas tienen una relación directa con el consejero Teodoro Bonilla. El expresidente de la Corte, Jorge Rivera Avilés, contrató a cinco parientes; Ismael García Madrid, a ocho, según el informe.
Otra de las irregularidades encontradas en las actuaciones del Consejo de la Judicatura fue el gasto de viáticos, pues se observó que cinco miembros del Consejo durante 2015 ejecutaron casi cinco millones de lempiras en gastos de viajes nacionales y al exterior.
Ante eso, la Mesa recomienda establecer límites en cuanto a la erogación de gastos de viáticos para funcionarios y empleados del Poder Judicial, ya que en la actualidad la única restricción es la disponibilidad presupuestaria de los renglones de viáticos nacionales y al exterior.
También se encontraron anomalías en el pago de prestaciones a cuatro empleados que posteriormente fueron contratados, lo que es prohibido por la ley. A otros 34 funcionarios se les aumentó selectivamente su salario sin la documentación soporte.
Asimismo, los verificadores encontraron que a 23 empleados los beneficiaron con el “incentivo navideño” que otorga el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad de los fondos de la Tasa de Seguridad a funcionarios involucrados en el combate contra el crimen. Sin embargo, entre el personal que gozó de este beneficio se encuentran algunos que no tienen nada que ver con la actividad jurisdiccional en materia penal, ya que su función en el Poder Judicial es de motoristas de consejeros -en su mayoría-, secretarias y asesores. Solo un motorista recibió L26,000 en bono en dos años.
Además, se otorgaron acuerdos de nombramiento a cuatro servidores judiciales que no superaron las pruebas respectivas, al obtener una calificación menor a 70%.
Burocracia
Según los análisis de los verificadores, los consejeros se dedicaron a crear más burocracia al contratar mayor número de empleados para el área administrativa y menos jueces. “Existe una mayor contratación de empleados para el área administrativa y no para la jurisdiccional, lo que contraviene la misión del Poder Judicial”.
Se evidenció la carencia de controles internos en cuanto al pago de horas extras, no apegándose al reglamento, como es el caso de 15 empleados que obtuvieron más de 854,000 lempiras durante el periodo en verificación.
El informe sobre las actuaciones del Consejo de la Judicatura y Carrera Judicial revela escandalosas sumas gastadas en viáticos, contrataciones irregulares y muchas más anomalías que cometieron sus miembros en el Poder Judicial.
Ante las denuncias de las actuaciones del Consejo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, días después de tomar posesión en el Poder Judicial, nombró una Mesa Técnica Verificadora para revisar las decisiones adoptadas por los consejeros. Un resumen fue leído ayer por el portavoz de la Corte, Melvin Duarte, ante los medios de comunicación. El informe completo fue subido horas después a la página web del Poder Judicial.
El informe, que en su primera etapa abarcó desde el primero de agosto de 2015 al 11 de febrero de 2016, establece que 35 familiares de consejeros y directores fueron contratados por el Consejo de la Judicatura, violando los códigos de ética. Unas 15 personas tienen una relación directa con el consejero Teodoro Bonilla. El expresidente de la Corte, Jorge Rivera Avilés, contrató a cinco parientes; Ismael García Madrid, a ocho, según el informe.
Otra de las irregularidades encontradas en las actuaciones del Consejo de la Judicatura fue el gasto de viáticos, pues se observó que cinco miembros del Consejo durante 2015 ejecutaron casi cinco millones de lempiras en gastos de viajes nacionales y al exterior.
Ante eso, la Mesa recomienda establecer límites en cuanto a la erogación de gastos de viáticos para funcionarios y empleados del Poder Judicial, ya que en la actualidad la única restricción es la disponibilidad presupuestaria de los renglones de viáticos nacionales y al exterior.
También se encontraron anomalías en el pago de prestaciones a cuatro empleados que posteriormente fueron contratados, lo que es prohibido por la ley. A otros 34 funcionarios se les aumentó selectivamente su salario sin la documentación soporte.
Asimismo, los verificadores encontraron que a 23 empleados los beneficiaron con el “incentivo navideño” que otorga el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad de los fondos de la Tasa de Seguridad a funcionarios involucrados en el combate contra el crimen. Sin embargo, entre el personal que gozó de este beneficio se encuentran algunos que no tienen nada que ver con la actividad jurisdiccional en materia penal, ya que su función en el Poder Judicial es de motoristas de consejeros -en su mayoría-, secretarias y asesores. Solo un motorista recibió L26,000 en bono en dos años.
Además, se otorgaron acuerdos de nombramiento a cuatro servidores judiciales que no superaron las pruebas respectivas, al obtener una calificación menor a 70%.
Burocracia
Según los análisis de los verificadores, los consejeros se dedicaron a crear más burocracia al contratar mayor número de empleados para el área administrativa y menos jueces. “Existe una mayor contratación de empleados para el área administrativa y no para la jurisdiccional, lo que contraviene la misión del Poder Judicial”.
Se evidenció la carencia de controles internos en cuanto al pago de horas extras, no apegándose al reglamento, como es el caso de 15 empleados que obtuvieron más de 854,000 lempiras durante el periodo en verificación.
