Unas 1,600 unidades de transporte fueron paralizadas ayer, lo que dejó a pie a miles de capitalinos.
Los motoristas anunciaron una marcha de “recordatorio” por los compromisos que no ha cumplido el Gobierno. Inicialmente dijeron que ocuparían el carril derecho de las principales vías; sin embargo, terminaron obstaculizando casi todas las calles de la capital.
La diputada liberal Marcia Facussé anunció que hoy el Congreso Nacional se reunirá para resolver el problema de los transportistas, quienes exigen el pago de un bono prometido por el ex presidente Manuel Zelaya.
“Le damos plazo al Congreso Nacional hasta mañana (hoy) para que solvente esta situación, de lo contrario, al día siguiente (miércoles) continuaremos con la misma dinámica o quizá con medidas de presión más fuertes”, advirtió Ridel Ventura, presidente del Sindicato del Transporte Urbano, STU. Hasta ayer por la tarde no había acuerdos, pero se espera que hoy el Congreso decida el futuro de los transportistas.
El paro
La protesta arrancó desde las cinco de la mañana.
Los dirigentes del transporte, conductores y cobradores, se declararon en paro de labores indefinido hasta que el presidente Roberto Micheletti les haga efectivo el pago del bono correspondiente a 2009, cuyo monto asciende a unos 220 millones de lempiras.
Los más afectados con las medidas del transporte urbano fueron miles de capitalinos que sólo encontraron las estaciones vacías y sin opciones para movilizarse.
Doña Gloria González no sabía del paro y desde las siete de la mañana que salió de su hogar, ubicado en Las Brisas de Comayagüela, tardó más de cuatro horas para llegar al centro de Tegucigalpa, donde instala su chiclera.
A sus 56 años de edad, esta mujer recorrió más de cuatro kilómetros cargando una caja de madera y su silla plástica.
Al igual que ella, cientos de personas, incluso madres con niños en brazos, gente con bultos y ancianos, tuvieron que caminar grandes trayectos para llegar a sus destinos.
Los usuarios aprovecharon y se quejaron del mal estado de las unidades, de la inseguridad y hasta los maltratos que reciben de muchos conductores y cobradores.
Aconsejaron al Gobierno acabar la “extorsión” del transporte urbano que ven en el Ejecutivo su figura paternal.
Los transportistas piden al Gobierno decretar una veda por diez años al otorgamiento de permisos de operación, pues aseguran tener conocimiento que para marzo del próximo año estarían ingresando unas 600 unidades más en el deteriorado parque vehicular de la ciudad, que actualmente supera los 320,000 automotores.
Piden, también, sacar de circulación muchas unidades ilegales que cobran una tarifa con un 70% mayor a la de ellos.
Además
40 por ciento de las unidades de transporte operan en mal estado, afirman los usuarios que se quejaron ayer de este servicio.
4 meses de subsidio es según los transportistas la deuda que tiene el Gobierno: unos 70 millones de lempiras.
