El pleno del Congreso Nacional aprobó este jueves un paquete de contratos de infraestructura, consultoría y supervisión técnica orientados a la reconstrucción y equipamiento de los primeros 109 centros educativos públicos a nivel nacional.
El decreto legislativo faculta de forma directa al Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y a la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS) para ejecutar fondos de la banca multilateral y partidas nacionales de emergencia.
La medida busca contener el colapso físico de las escuelas y asegurar los recursos financieros para que los proyectos no se detengan por burocracia o transiciones políticas en los próximos años.
El diagnóstico técnico elaborado por las autoridades estatales determinó que la red escolar del país requiere una intervención quirúrgica debido al severo deterioro en sus aulas, techados y sistemas de saneamiento básico.
La selección de este primer bloque de planteles se priorizó bajo criterios de extrema urgencia en múltiples departamentos, enfocándose en las comunidades rurales e indígenas que sufrieron los impactos directos de fenómenos climáticos recientes y el abandono institucional prolongado.
"Son exactamente 109 contratos en esta primera etapa para la intervención inmediata de igual número de centros educativos a nivel nacional", expresó Arnold Burgos, diputado y presidente de la Comisión de Educación del Congreso Nacional.
Identificación de los centros educativos en decadencia
El plan de contingencia legislativa pretende agilizar la llegada de los constructores a las zonas postergadas antes de que la temporada de invierno recrudezca los daños en los inmuebles. Las autoridades educativas identificaron que los departamentos con mayores necesidades acumuladas corresponden a las regiones periféricas y franjas fronterizas del país.
"Los estudios fueron realizados por el Fondo Hondureño de Inversión Social junto con la Secretaría de Educación para identificar los planteles que se encuentran en peores condiciones, porque hay algunos que ni siquiera tienen techo, ventanas o piso", detalló Burgos.
El parlamentario pormenorizó que las solicitudes de asistencia técnica y material varían drásticamente de acuerdo con la realidad de cada comunidad. Mientras algunos directores de escuelas rurales urgen por la dotación de mobiliario básico como pizarras y pupitres, otros centros educativos requieren de forma obligatoria la construcción de muros perimetrales que colapsaron o la instalación de módulos sanitarios y urinarios.
Por su parte, el desglose del decreto aprobado detalla que el financiamiento de las obras escolares se sostiene mediante la reactivación de programas especializados como el Programa de Mejora de la Infraestructura Educativa (PROMINE) y el Programa de Apoyo a la Red de Infraestructura (PRE).
Estos esquemas operan con recursos externos provenientes del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Alemán de Desarrollo (KfW). "En la actualidad hay aproximadamente 7,000 centros educativos públicos en mal estado a nivel nacional, por lo que se deben hacer los estudios debidos e intervenirlos absolutamente todos", advirtió el presidente de la Comisión de Educación.
Dentro del paquete de contratos ratificados por los parlamentarios destaca una fuerte inversión en el departamento de Gracias a Dios, donde se financiará la reposición de la Escuela y Jardín de Niños Jesús Mejía Paz, la ampliación del Centro de Educación Básica (CEB) SAT América y la reconstrucción del CEB República de Costa Rica.
Asimismo, los fondos internacionales cubrirán obras de gran envergadura en Francisco Morazán, incluyendo la ampliación del Instituto Gubernamental Técnico Francisco Morazán y la reposición del CEB Cerro Grande Zona 2. Además del componente escolar, el Artículo 1 de la normativa incluyó un contrato de servicios de consultoría enfocado en el sector hídrico por un monto de 1,567,625.74 dólares.
Estos fondos específicos de cooperación se asignaron al Consorcio SAMAN-ASP para realizar la revisión, el ajuste de diseño y la supervisión técnica de las obras de ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable en la ciudad de Gracias, en el departamento de Lempira.
El Congreso Nacional incorporó un renglón presupuestario de fondos nacionales asignados al FHIS para atender de forma exclusiva la infraestructura dañada en el departamento de Colón por el paso de la Tormenta Sara.
Mediante esta vía de emergencia se ordenó la intervención inmediata de centros de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) y escuelas como la Francisco Morazán, el Abel Gonzalo Caballero y el Jardín de Niños Reyna Isabel Gerónimo, cuyas instalaciones sufrieron inundaciones severas. Para mejorar la ejecución de los proyectos, el Artículo 2 de la ley obliga al FHIS a garantizar la programación presupuestaria durante el ejercicio fiscal 2026 y los años venideros.
