La falta de una reforma de inmigración ha llevado a los estados a proponer centenares de proyectos en sus propias legislaturas generando un caos que puede ser agravado con la implementación de un paquete de medidas anunciadas por el gobierno federal, dijo el jueves un miembro de la Cámara de Representantes.
El Congreso 'no puede ignorar este caos', declaró Jeff Flake, congresista republicano de Arizona, en una audiencia convocada por un panel legislativo para buscar una salida al estancamiento indefinido del debate de una reforma nacional de inmigración.
Flake dijo que en la primera mitad del año, las legislaturas de los estados han visto más de 1.400 proyectos relacionados con la inmigración. De ese total, 170 se han convertido en leyes en 41 estados.
'Cansados de esperar una decisión del Congreso, los estados están tratando de tomar las cosas en sus propias manos', dijo. 'Para quienes vivimos cerca de la frontera, es difícil creer que hay todavía quienes en Estados Unidos creen que la situación podría agravarse aún más'.
Junto con Flake comparecieron ante el Subcomité de Inmigración de la cámara baja los congresistas republicanos Ray LaHood, de Illinois y Brian Bilbray, California, y el demócrata Joe Baca, de California, así como ocho representantes de grupos empresariales, religiosos, comunitarios, militares y activistas.
Flake dijo que el anuncio del gobierno del presidente George W. Bush el 9 de agosto de implementar 26 políticas en áreas como la seguridad fronteriza, acción policial, inspección laboral, asimilación, y programas de trabajadores temporales era una 'forma limitada' de atacar el problema.
La Casa Blanca, agregó, se dispone a enviar cartas a unos 140 mil empleadores informándoles que los nombres de algunos de sus empleados no coincidían con los del seguro social al cual estaban aportando impuestos.
Los empleadores tendrán 90 días para hacer las averiguaciones y deberán despedir a los infractores o recibir sanciones por contratar indocumentados a sabiendas.
Flake dijo que con esta acción unas 7 millones de personas no autorizadas para trabajar, o casi el 5% de la fuerza laboral estadounidense, se quedarían desempleadas en medio de informes persistentes de una falta de mano de obra en Estados Unidos.
'La comunidad empresarial está en lo cierto al resistirse a este tipo de acciones que no es parte de una solución integral', agregó. 'La única solución viable es una amplia reforma de inmigración... y no 50 acciones separadas que agiten las aguas'.
Dijo que quizás era el momento de generar debate sobre un proyecto que copatrocina con el congresista Luis Gutiérrez, demócrata de Illinois, para arreglar el sistema.
El proyecto llamado 'ley STRIVE' (Ley de seguridad a través de una inmigración regulada y vibrante economía) incluye provisiones sobre seguridad fronteriza, acción policial, verificación de identidad, programa de trabajadores temporales, retrasos en la gestión de visados y legalización de la población indocumentada.
Está actualmente a la espera de un pronunciamiento del panel para luego pasar a discusión en el plenario.