La vulneración diaria al Estado de derecho es lo que refleja el informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Conadeh, correspondiente al año 2010.
El documento presentado ayer ante diversos sectores de la sociedad describe cómo desde el mismo momento en que el presidente Porfirio Lobo Sosa tomó posesión de su cargo han venido sucediendo hechos que ponen en peligro la institucionalidad del Estado, registrándose también acciones que amenazan a las libertades.
Asimismo, se señalan los abusos por la ingobernabilidad en el sistema educativo, por la inseguridad y por la falta de atención en materia de salud. También destaca el poco interés en la lucha contra la corrupción, entre otros problemas.
La política exterior del gobierno ha dedicado mucho tiempo y recursos a ganar el reconocimiento internacional y a retomar espacios perdidos en foros regionales cerrados a Honduras.
Para ello, el presidente Porfirio Lobo, al nomás tomar posesión de su cargo protagonizó su primer acto político notorio cuando acompañó al ex presidente Manuel Zelaya desde su controversial domicilio en la Embajada de Brasil hasta el avión del mandatario de la República Dominicana, “habiéndose comprometido a su retorno sin juicios de ninguna clase, aún por los asuntos excluidos de la amnistía”, apunta el escrito.
De acuerdo con el informe, se hizo evidente la agenda política compartida por dos poderes del Estado en contra del Poder Judicial, lo cual violenta la expresa norma constitucional de los pesos y contrapesos, según la cual los poderes del Estado hondureño son complementarios e independientes y no tienen relaciones de subordinación. Ante tal situación, “estamos viviendo bajo la amenaza permanente del descabezamiento de instituciones”, explicó el comisionado Ramón Custodio al presentar el informe.
Asimismo, cuando la ciudadanía quiso saber exactamente qué entender por el “humanismo cristiano”, entonces el Poder Ejecutivo distribuyó el texto de la Doctrina Social de la Iglesia, aún cuando a finales del año salió con la iniciativa de las ciudades modelo -aprobada a rajatablas-, a las luego llamaron Regiones Especiales de Desarrollo, que según algunos son parte del capitalismo salvaje condenado por el fallecido papa Juan Pablo Segundo.
Libertad de expresión
La permisiva tolerancia con los que están de acuerdo con las políticas oficiales no es la misma contra aquéllos que legítimamente ejercen el derecho a la crítica por medio de la libertad de pensamiento y de expresión.
En este aspecto, los periodistas han sido víctimas de amenazas a muerte, atentados contra su vida y asesinatos en casi total impunidad, causando una prudente autocensura. No obstante, el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos los ha dejado en estado de indefensión al negarles las medidas cautelares.
“El Poder Ejecutivo violenta este derecho cuando decide privar de su libertad de expresión y de su naturalización a un ciudadano honorable (Federico Álvarez) y, por el contrario, valida de hecho los excesos de unos pocos periodistas que practican habitualmente la difamación y la calumnia”.
Mientras tanto, el sistema educativo se encuentra en crisis. La mayoría de niños no terminan su educación primaria. La deserción aumenta por las huelgas de los docentes, ordenadas por la dirigencia magisterial, durante todo el año. Se sigue privando del derecho a la educación de calidad a los niños y a los jóvenes. Los centros de enseñanza pública han perdido credibilidad.
La Ley General de Educación debe contener de forma efectiva la inclusión de los niños, niñas y adultos con discapacidad dentro del sistema educativo. “No vacilamos en decir, cualquiera que sea el costo político, que apoyamos la iniciativa para que los gobiernos municipales tengan que ver cada día más en el sistema educativo. No es una privatización”, dijo el comisionado.
Fallas en Seguridad y Salud
Según Custodio, existe una tendencia ascendente de la inseguridad, mientras el Estado se limita a reaccionar ante las actividades de los delincuentes porque no tiene una política criminal.
Las quejas de la población en contra de la policía son un claro indicador de que no se siente protegida por ella; es urgente la depuración total de la Policía Nacional. Mientras tanto, el derecho a la salud es constantemente violentado, afirma el informe. Hay serias fallas en la observancia del derecho a la salud reproductiva y una elevada mortalidad materna. El gobierno sigue negándole a la mujer hondureña el uso de anticonceptivos. En 74 municipios donde viven más de medio millón de personas no hay médicos y las enfermeras apenas cubren el 3.2 por ciento de cada 10,000 habitantes.
