San Pedro Sula, Honduras.
En un intento de reducir la fuerza de las maras, el Gobierno de El Salvador aprobó en 2006 la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo; sin embargo, en nueve años esas organizaciones criminales convirtieron al país en un escenario macabro.
En 2015, El Salvador se convirtió en el país más violento del continente y de todo el mundo, con 104 homicidios por cada 100,000 habitantes, de acuerdo con cifras de Stratfor, firma estadounidense especialista en inteligencia geopolítica.
Fue hasta agosto de ese año que la Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió un fallo con el cual desvirtuó cuatro demandas de inconstitucionalidad y confirmó que la MS-13 y pandilla 18 deben ser consideradas organizaciones terroristas.
Al menos siete ciudadanos salvadoreños presentaron los recursos de inconstitucionalidad contra la ley después de su aprobación; pero la Corte desestimó más de 20 argumentos esgrimidos.
Desde que la Corte emitió ese fallo, la Fiscalía ha llevado a más pandilleros ante los jueces con los cargos de terrorismo, un delito que alcanza también a quienes directa o indirectamente recolecten y proporcionen fondos a las pandillas.
De acuerdo con un analista de Fuerza de Tarea Antiextorsión (FTA) de El Salvador, la tipificación de las maras como organizaciones terroristas es algo positivo porque ha ayudado a judicializar y condenar con mayor facilidad a los mareros.
“Estas estructuras delictivas generan terror y para combatirlas era necesario contar con una ley”, explicó el miembro de la FTA que solicitó el anonimato durante una entrevista telefónica.
Entre 2015 y 2016, la Fiscalía salvadoreña logró, según estadísticas consignadas en un informe oficial, que la Corte Suprema condenara por diferentes casos a más de 200 pandilleros por terrorismo, extorsión y otros delitos.
En un caso para ilustrar, el Tribunal Especializado de Sentencia de San Salvador resolvió el 10 de febrero de 2016 condenar a un grupo de 79 pandilleros, algunos por terrorismo y otros por homicidio agravado, asociación ilícita y portación de armas prohibidas.
Durante ese mismo año, de acuerdo con un informe de la Fiscalía, la Corte condenó a 89 integrantes de dos estructuras criminales de la MS con penas que van de los 44 años a 201 años de prisión. Estos se dedicaban a la extorsión.
Mario Bosos, especialista en criminología y asesor de la Fuerza de Tarea Antiextorsión de Guatemala, estima que las medidas radicales tomadas en El Salvador han ejercido presión en los países vecinos. “Al haber una política criminal y legal, las pandillas, por naturaleza, si no se dividen localmente, emigran a otros territorios”, explicó.
Considera que aprobar una ley de esa naturaleza “hace que las pandillas sobrepasen su accionar” y la situación se torne más violenta.
El Gobierno de Honduras espera que el Congreso Nacional apruebe reformas legales para calificar a las maras como terroristas.
En un intento de reducir la fuerza de las maras, el Gobierno de El Salvador aprobó en 2006 la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo; sin embargo, en nueve años esas organizaciones criminales convirtieron al país en un escenario macabro.
En 2015, El Salvador se convirtió en el país más violento del continente y de todo el mundo, con 104 homicidios por cada 100,000 habitantes, de acuerdo con cifras de Stratfor, firma estadounidense especialista en inteligencia geopolítica.
Fue hasta agosto de ese año que la Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió un fallo con el cual desvirtuó cuatro demandas de inconstitucionalidad y confirmó que la MS-13 y pandilla 18 deben ser consideradas organizaciones terroristas.
| Sépalo
La Ley Especial Contra Actos de Terrorismo en El Salvador no tuvo ninguna aplicación entre 2006 y 2015
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Desde que la Corte emitió ese fallo, la Fiscalía ha llevado a más pandilleros ante los jueces con los cargos de terrorismo, un delito que alcanza también a quienes directa o indirectamente recolecten y proporcionen fondos a las pandillas.
De acuerdo con un analista de Fuerza de Tarea Antiextorsión (FTA) de El Salvador, la tipificación de las maras como organizaciones terroristas es algo positivo porque ha ayudado a judicializar y condenar con mayor facilidad a los mareros.
“Estas estructuras delictivas generan terror y para combatirlas era necesario contar con una ley”, explicó el miembro de la FTA que solicitó el anonimato durante una entrevista telefónica.
Entre 2015 y 2016, la Fiscalía salvadoreña logró, según estadísticas consignadas en un informe oficial, que la Corte Suprema condenara por diferentes casos a más de 200 pandilleros por terrorismo, extorsión y otros delitos.
En un caso para ilustrar, el Tribunal Especializado de Sentencia de San Salvador resolvió el 10 de febrero de 2016 condenar a un grupo de 79 pandilleros, algunos por terrorismo y otros por homicidio agravado, asociación ilícita y portación de armas prohibidas.
Durante ese mismo año, de acuerdo con un informe de la Fiscalía, la Corte condenó a 89 integrantes de dos estructuras criminales de la MS con penas que van de los 44 años a 201 años de prisión. Estos se dedicaban a la extorsión.
Mario Bosos, especialista en criminología y asesor de la Fuerza de Tarea Antiextorsión de Guatemala, estima que las medidas radicales tomadas en El Salvador han ejercido presión en los países vecinos. “Al haber una política criminal y legal, las pandillas, por naturaleza, si no se dividen localmente, emigran a otros territorios”, explicó.
Considera que aprobar una ley de esa naturaleza “hace que las pandillas sobrepasen su accionar” y la situación se torne más violenta.
El Gobierno de Honduras espera que el Congreso Nacional apruebe reformas legales para calificar a las maras como terroristas.
