La destitución de los cuatro magistrados de la Sala Constitucional por el Congreso Nacional fue ilegal, arbitraria y abusiva, concluye un informe del Conadeh (Comisionado Nacional de los Derechos Humanos).
El Conadeh elaboró un documento sobre la crisis institucional del Estado de Honduras a raíz de la sustitución de cuatro de los cinco magistrados, decisión tomada el 12 de diciembre por el Poder Legislativo.
El organismo estableció en su informe que al menos siete derechos individuales les fueron conculcados a los cuatro magistrados destituidos.
Entre ellos el de la propia imagen, derecho al honor, derecho a la defensa, al trabajo, estado de inocencia hasta ser vencido en juicio, impartir justicia en forma independiente y la violación de la garantía del debido proceso.
Ramón Custodio, titular del Conadeh, destacó que a ninguno de los cuatro magistrados se le ha demostrado o incoado causa legal ante ninguna instancia.
“Nunca me ha sido posible y no he encontrado ningún documento que el Congreso Nacional pueda alegar causas legales en la destitución de los señores magistrados”, apuntó.
“La acción de su sustitución puede ser una manera incorrecta de hacer las cosas mediante un acto arbitrario, abusivo y defectuoso de la administración pública personificada por el Congreso Nacional de la República”.
Al respecto argumentó que el Congreso ignoró el artículo 314 de la Constitución de la República, que establece que los magistrados de la Corte Suprema solamente pueden ser sustituidos por muerte, incapacidad que les impida el desempeño del cargo, sustitución por causas legales o renuncia.
“Hasta el momento, debo entender y entiendo que ninguno de los cuatro magistrados estaba sujeto a una causa legal que motivara su sustitución por causas legales, como reza el artículo 314 constitucional”, argumentó.
En el informe, el Conadeh hace énfasis en el acatamiento ipso facto de Jorge Rivera Avilés, presidente de la Corte, de lo aprobado por el Congreso en este caso, según consta en el oficio PCSJ NO. 001-2013, al integrar a los cuatro nombrados a la Sala Constitucional.
“Es una muestra de subordinación inconstitucional”, criticó Custodio.
Lamentó que en este proceso le solicitó información al Congreso y lamentó una actitud de desacato al Conadeh, violentando la ley. Dicho informe lo remitió el Conadeh al Congreso Nacional.
Pide rectificación
Custodio exhortó a los diputados a que procedan a la rectificación inmediata mediante la restitución.
“Me he dirigido a todos los diputados del Congreso Nacional para que en un acto de reparación, justicia y sabiduría procedan a la rectificación inmediata de todo lo que nos está generando una nueva crisis innecesaria para el pueblo hondureño”, declaró el ombudsman.
Justificó que su propuesta institucional es para regresar el asunto adonde se originó el conflicto y que se recapacite.
Custodio lamentó que la confrontación hace que la relación entre los poderes del Estado se vuelva un conflicto entre personas que arrastra a la ciudadanía a crisis políticas innecesarias.
“El pueblo lo que menos necesita es un circo, el pueblo requiere y tiene el derecho de tener un gobierno serio, responsable, dedicado a las cosas fundamentales del país”, puntualizó Custodio.
El informe del Conadeh contradice las recientes declaraciones del presidente Porfirio Lobo, quien declaró que la destitución fue legal.
El pasado 3 de enero, Rivera Avilés integró la Sala Constitucional con el magistrado Óscar Chinchilla a la cabeza -el único que no fue destituido por el Legislativo- y los magistrados recién nombrados Silvia Trinidad Santos, German Vicente García García, José Elmer Lizardo Carranza y Víctor Manuel Lozano Urbina.
Andrés Pavón recusa a siete magistrados
Andrés Pavón, presidente del Codeh (Comité para la Defensa de Derechos Humanos), recusó a siete magistrados del pleno de la Corte Suprema de Justicia.
En un escrito presentado ayer ante la secretaría del Poder Judicial, Pavón expone que siete magistrados ya se pronunciaron sobre la destitución de Antonio Gutiérrez, Francisco Ruiz, Rosalinda Cruz y Gustavo Bustillo, por tanto sostiene que están inhabilitados para conocer el amparo interpuesto por los separados.
Según Pavón, un juez tiene que ser neutral en sus determinaciones y cuando ha vertido públicamente su criterio del caso que debe conocer es una causa de recusación.
No detalló los nombres de los recusados.
Aseguró: “Hay plenas pruebas para demostrar que han expresado de alguna manera algún criterio en solidaridad y determinar si la acción del Congreso fue legítima o no”. Del amparo solo hay una parte; en este caso, los cuatro destituidos, y estos no recusaron a los siete magistrados. Por lo tanto, la petición de Pavón sería declarada inadmisible.
Jorge Rivera Avilés, presidente de la Corte, no conforma aún la Sala Constitucional ni ha convocado al pleno.
Este lunes, la nueva Sala de lo Constitucional se pronunció para inhibirse de conocer el amparo presentado por los destituidos.
