La convocatoria para debatir la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente en el país no es el último requisito que Honduras debe cumplir.
Al concluir el diálogo se deberá conformar una comisión de seguimiento que retrasaría aún más, según algunos expertos, el retorno de Honduras a la Organización de Estados Americanos, OEA. De acuerdo con el informe de la Comisión de Alto Nivel de la OEA, luego de los acercamientos de diferentes sectores con el mandatario de la República se ha contemplado la conformación de una comisión.
Sería una especie de instrumento de seguimiento de todos los puntos planteados por la OEA como requisito para el reingreso de Honduras en ese organismo. El presidente Porfirio Lobo Sosa ha expresado que está de acuerdo con la conformación de este mecanismo de seguimiento.
El informe, en su capítulo dedicado a los anexos, recopila una serie de documentos que sirvieron de base para hacer la propuesta al presidente Lobo Sosa antes del retorno de Honduras a la OEA. En uno de esos anexos, denominado Minuta de Santo Domingo, se plantea la necesidad de crear una comisión para que se le dé seguimiento al cumplimiento de todas las obligaciones de Honduras.
Esa minuta fue presentada por el ex presidente Zelaya a José Miguel Insulza, secretario general de la OEA y coordinador de la Comisión de Alto Nivel, es decir, la que redactó el informe. Insulza transmitió esos requerimientos al presidente Lobo Sosa y este último aceptó casi en su mayoría las peticiones de Insulza.
La conformación de esta comisión podría retrasar el retorno de Honduras, según el análisis de Graco Pérez, experto en diplomacia y relaciones internacionales. Pérez destacó que casi todos los puntos de la Minuta de Santo Domingo se han cumplido al pie de la letra.
Para el caso, esa minuta pidió garantizar el retorno de Zelaya al país y el perdón de sus cuentas con la justicia hondureña (lo que se ha cumplido a medias), compromiso de Honduras para fortalecer la defensa de los derechos humanos (para lo que se creó la Secretaría de Derechos Humanos).
Esa minuta propuso un método para fortalecer la lucha contra el crimen organizado y la impunidad (Lobo Sosa pidió a la ONU crear en Honduras una comisión contra la impunidad) y la incorporación de Zelaya al Parlacen (que ya se cumplió). Se pidió una convocatoria a un diálogo amplio en el que se traten justicia, reforma y libertad democrática, que incluya derecho y proceso constituyente (lo que está haciendo Lobo Sosa). Y el último punto de esa minuta es el “establecimiento de una comisión de la OEA para el seguimiento de la situación en Honduras”.
El informe de la Comisión de Alto Nivel de la OEA afirma que el presidente Lobo Sosa está de acuerdo con la conformación de esta comisión de seguimiento. El documento cita, en el apartado denominado “Análisis” (donde se relata el diálogo entre Insulza y Lobo Sosa), en su numeral 3.5: “Acompañamiento de la OEA.
El Presidente (Lobo Sosa) estuvo de acuerdo con crear un mecanismo de acompañamiento, señalando incluso su disposición a solicitarlo”.
Diputados oficialistas en contra de una Constituyente
Los diputados del oficialista Partido Nacional han cerrado filas en torno a la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución.
En cambio, los liberales reaccionan divididos frente a esta temática, algunos están a favor por seguir pautas del depuesto presidente Manuel Zelaya, mientras que otro grupo sigue la línea partidaria de respeto para el sistema democrático que vive el país.
El diputado nacionalista Renán Inestroza manifestó que hay un consenso en la bancada de su partido de que la Constitución puede ser reformada sin tocar los artículos pétreos.
Recordó que la misma Constitución establece los mecanismos de consulta, el plebiscito y el referéndum, que con una ley aprobada por el Congreso Nacional con las dos terceras partes determinará los procedimientos para el ejercicio de las mismas. Señaló que corresponde al Tribunal Supremo Electoral convocar, organizar y dirigir las consultas a los ciudadanos.
Según Inestroza, el pueblo hondureño, previa consulta, decidirá si quiere una nueva Constitución, no así una Asamblea Constituyente, para redactar un nuevo texto, porque la actual Constitución no puede ser derogada.
