En Honduras, el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República son los que tienen la facultad de acusar, por lo que de aprobarse en convenio con la Organización de Naciones Unidas (ONU) se les sumaría la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Cicih).
En la segunda propuesta de convenio que se entregó a la ONU, el Gobierno necesitaría que se reforme el Código Procesal Penal para que la Cicih actúe bajo esta figura. Se conoció que parte del nuevo convenio establece que al ser acusador privado, la Cicih “marcaría el inicio de investigaciones exhaustivas sobre los hechos perpetrados por las redes de corrupción público-privada. La Cicih contribuiría en la acción penal misma al desarrollo de las capacidades nacionales del personal del Ministerio Público”.
Dato
Xiomara Castro y António Guterres reconocieron en la reunión “la amplia voluntad política” de la ONU y Honduras para crear una comisión anticorrupción.
A su vez, se propone que la Cicih “tenga facultades excepcionales entregadas para investigar, acusar y llevar a juicio las redes de corrupción público-privada”, pero junto a la Fiscalía, confió una fuente del Gobierno que ha estado en la negociación del convenio.
Además, en el borrador del convenio se “define el catálogo de delitos que deben ser investigados por el mecanismo (anticorrupción)”.
Recientemente, el abogado penalista Jair López indicó que “hay que analizar esta figura de acusador privado que se está diciendo que quien va a ejercer la acción penal en este tipo de competencias va a ser la Cicih, y puede ser acompañada por el Ministerio Público como acusador en el proceso. Vamos a tener Cicih, Ministerio Público y PGR, y eso genera disfunción en el proceso penal”.
