Tegucigalpa, Honduras.
Más de 1.3 millones de personas rentan en Honduras, según el Censo Nacional de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Estos hondureños residen con sus familias en 294,262 casas de alquiler.
Según las características de las viviendas alquiladas, la mayoría están contruidas de ladrillo, bloque, abobe y madera.
Sarahí Soto, residente en la capital, alquila un cuarto que le cuesta 1,600 lempiras mensuales.
Aunque las condiciones de la
infraestructura son de concreto, ella tiene que compartir los servicios públicos con otros inquilinos.
“Lo que no me gusta mucho es que los baños no están arreglados, pero a veces cuesta encontrar un lugar que esté en buenas condiciones”, dijo.
Soto vive junto con una sobrina y alquila desde hace diez años, pues emigró a la capital para trabajar.
Para Helmis Cárdenas, analista económico, esta situación tiene otra perspectiva, como el ciclo de vida.
Es decir, que una pareja sin hijos no tiene muchos problemas para pagar la renta, pero al procrear, el alquiler compite con los costos de educación y salud de los hijos.
Añadió que los hondureños de bajos recursos se ven en la obligación de vivir en pequeños espacios, como las cuarterías.
“Son cuartos pequeños en donde también se da el hacinamiento y muchas veces son insalubres porque no hay ni agua potable”, indicó.
Supervisión
Cabe mencionar que en el país existe el Departamento Administrativo del Inquilinato ( DAI), que se encarga de la supervisión de espacios de alquiler y de resolver conflictos entre arrendadores y arrendatarios.
Mirna Canales, titular del DAI, expuso que hay un grupo de inspectores que constata que los bienes inmuebles reúnan las condiciones para ser habitados.
“A inicios del año empezamos con un operativo en las diferentes cuarterías. De este operativo se clausuró una cuartería por insalubridad, en conjunto con sanidad pública”, informó. Con relación al cobro en moneda extranjera que hacen algunos arrendadores, recordó que hay un anteproyecto que prohíbe el pago en dólares. “Mientras no sea aprobado, no es ley. Entonces, si en el contrato el arrendatario acepta este pago, no podemos hacer nada”, concluyó.
Más de 1.3 millones de personas rentan en Honduras, según el Censo Nacional de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Estos hondureños residen con sus familias en 294,262 casas de alquiler.
Según las características de las viviendas alquiladas, la mayoría están contruidas de ladrillo, bloque, abobe y madera.
Sarahí Soto, residente en la capital, alquila un cuarto que le cuesta 1,600 lempiras mensuales.
| Obligación
El arrendador está obligado a darle mantenimiento al bien inmueble arrendado, según la Ley de Inquilinato
|
“Lo que no me gusta mucho es que los baños no están arreglados, pero a veces cuesta encontrar un lugar que esté en buenas condiciones”, dijo.
Soto vive junto con una sobrina y alquila desde hace diez años, pues emigró a la capital para trabajar.
Para Helmis Cárdenas, analista económico, esta situación tiene otra perspectiva, como el ciclo de vida.
Es decir, que una pareja sin hijos no tiene muchos problemas para pagar la renta, pero al procrear, el alquiler compite con los costos de educación y salud de los hijos.
| 10,953
Contratos de inquilinato
Registra el DAI, tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula. El DAI está en todos los departamentos del país.
|
“Son cuartos pequeños en donde también se da el hacinamiento y muchas veces son insalubres porque no hay ni agua potable”, indicó.
Supervisión
Cabe mencionar que en el país existe el Departamento Administrativo del Inquilinato ( DAI), que se encarga de la supervisión de espacios de alquiler y de resolver conflictos entre arrendadores y arrendatarios.
Mirna Canales, titular del DAI, expuso que hay un grupo de inspectores que constata que los bienes inmuebles reúnan las condiciones para ser habitados.
“A inicios del año empezamos con un operativo en las diferentes cuarterías. De este operativo se clausuró una cuartería por insalubridad, en conjunto con sanidad pública”, informó. Con relación al cobro en moneda extranjera que hacen algunos arrendadores, recordó que hay un anteproyecto que prohíbe el pago en dólares. “Mientras no sea aprobado, no es ley. Entonces, si en el contrato el arrendatario acepta este pago, no podemos hacer nada”, concluyó.
