San Pedro Sula, Honduras.
Han amasado fortunas a costas de sembrar el terror. Aunque a diario se desbaratan bandas de extorsionadores, casi nunca caen sus cabezas.
El combate a este delito que traspasa fronteras, este año busca impactar las cúpulas de los grupos de extorsionadores, y no es una estrategia unilateral.
Autoridades en los países del Triángulo Norte se unieron para frenar las operaciones de las bandas que han hecho de ese delito una mina de oro.
Y de que captan millones lo hacen. Pese a que en 2015 se evitó el pago de más de L47 millones por las acciones de la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA), no se pudo impedir que algunos hondureños pagaran la exorbitante cifra de L6,000 millones solo el año pasado, según información que maneja el experto en seguridad Billy Joya basada en proyecciones, que según él son conservadoras.
La FNA no confirma la cifra de Joya pero dan fe de los 47 millones que evitaron que se paguen por la intervención oportuna.
El presidente Juan Orlando Hernández anunció que la forma de ponerles un alto a estas bandas criminales es incautarles sus bienes para lo que solicitó la designación de jueces especiales con jurisdicción nacional para que se encarguen exclusivamente de estos casos.
Arabezca Sánchez, analista en temas de seguridad, considera positiva la medida anunciada al cierre de 2015.
“Al incautar se estaría desmontando la dinámica lucrativa del delito, porque mientras el Estado hace la captura y no incauta el bien, no se avanza. Las incautaciones son una buena medida, pero no puede ser la única, se deben coordinar acciones, como especializar unidades policiales, jueces y fiscales. Si se sigue capturando a mujeres y menores de edad que cobran esa renta y que muchas son obligadas, no se está llegando al fondo del problema”, dijo.
La tarea no es fácil, pero tampoco es imposible porque los bienes que están adquiriendo las pandillas y grupos de extorsionadores los registran a nombre de terceros y la línea de investigación a la que se apunta ahora se concentra en la ruta del dinero, compras y traspasos de los bienes.
“Es una pérdida de tiempo capturar a extorsionadores de baja monta. Es hora de capturar a los capos de la extorsión y ver quiénes son los que están detrás de la recolección de esos millones de lempiras. Hasta que se empiecen a reorientar las acciones de esos cabecillas se tendrán resultados. Hay que profundizar en el origen, dinámica, actores e impacto de la extorsión para frenarla”, apuntó Sánchez.
Han amasado fortunas a costas de sembrar el terror. Aunque a diario se desbaratan bandas de extorsionadores, casi nunca caen sus cabezas.
El combate a este delito que traspasa fronteras, este año busca impactar las cúpulas de los grupos de extorsionadores, y no es una estrategia unilateral.
Autoridades en los países del Triángulo Norte se unieron para frenar las operaciones de las bandas que han hecho de ese delito una mina de oro.
Y de que captan millones lo hacen. Pese a que en 2015 se evitó el pago de más de L47 millones por las acciones de la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA), no se pudo impedir que algunos hondureños pagaran la exorbitante cifra de L6,000 millones solo el año pasado, según información que maneja el experto en seguridad Billy Joya basada en proyecciones, que según él son conservadoras.
La FNA no confirma la cifra de Joya pero dan fe de los 47 millones que evitaron que se paguen por la intervención oportuna.
El presidente Juan Orlando Hernández anunció que la forma de ponerles un alto a estas bandas criminales es incautarles sus bienes para lo que solicitó la designación de jueces especiales con jurisdicción nacional para que se encarguen exclusivamente de estos casos.
Arabezca Sánchez, analista en temas de seguridad, considera positiva la medida anunciada al cierre de 2015.
“Al incautar se estaría desmontando la dinámica lucrativa del delito, porque mientras el Estado hace la captura y no incauta el bien, no se avanza. Las incautaciones son una buena medida, pero no puede ser la única, se deben coordinar acciones, como especializar unidades policiales, jueces y fiscales. Si se sigue capturando a mujeres y menores de edad que cobran esa renta y que muchas son obligadas, no se está llegando al fondo del problema”, dijo.
La tarea no es fácil, pero tampoco es imposible porque los bienes que están adquiriendo las pandillas y grupos de extorsionadores los registran a nombre de terceros y la línea de investigación a la que se apunta ahora se concentra en la ruta del dinero, compras y traspasos de los bienes.
“Es una pérdida de tiempo capturar a extorsionadores de baja monta. Es hora de capturar a los capos de la extorsión y ver quiénes son los que están detrás de la recolección de esos millones de lempiras. Hasta que se empiecen a reorientar las acciones de esos cabecillas se tendrán resultados. Hay que profundizar en el origen, dinámica, actores e impacto de la extorsión para frenarla”, apuntó Sánchez.
Las medidas
De acuerdo con la Federación de Empresarios Transportistas Salvadoreños (Fecoatrans), un 25% de los extorsionadores delinquen en Honduras, Guatemala y El Salvador.
Por ello, homologar las acciones en los tres países es una medida acertada para combatir el delito de manera integral.
“Somos víctimas de estos grupos de oportunistas que nos extorsionan. En El Salvador pagamos 26 millones de dólares solo en el sector del transporte en 2015. Es urgente que los países se unan para combatirlos”, aseguró Catalino Miranda, presidente de la Fecoatrans.
En Honduras ya está la Ley de Extinción de Dominio, pero no se ha aplicado con los extorsionadores.
Parte de las medidas incluyen profesionalizar las instituciones para reducir el crimen y dentro de esta profesionalización se ha hecho el entrenamiento de agentes y fiscales por parte de el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula), de Colombia, que ha apoyado a los agentes de las Fuerzas de Antiextorsión de los tres países.
“Estamos contrarrestando el delito y se busca la celeridad procesal para hacer más expedito el proceso y obtener las sentencias condenatorias”, explicó Norma Moreno, vocera de la FNA.
El dinero obtenido por las extorsiones -informaron las autoridades- se destina a la compra de drogas, armas, sicariato, lavado de activos y otras actividades en la cadena de logística de los criminales.
Inversiones
Seguir la pista y ubicar los bienes producto de la extorsión es la tarea que ahora se trazan los agentes de la FNA en los tres países.
Tienen claro que las bandas de extorsionadores están adquiriendo micronegocios, como tiendas, panaderías, expendios, así como invirtiendo en mototaxis y unidades de transporte urbano a las que ellos mismos extorsionan; pero además compran viviendas y se dan una vida llena de lujos.
“Hay grandes jefes de estructuras criminales, muchos de los cuales guardan prisión, otros están libres y son los que cuentan con una red de personas a su servicio, incluso niños que recaudan el dinero o dejan el mensaje de extorsión a las víctimas”, reveló un agente de la FNA.
