Que el candidato presidencial venezolano Henrique Capriles tenga la documentación suficiente para seguirles la pista a los 100 millones de dólares que el presidente Hugo Chávez habría donado a Honduras, durante la gestión del expresidente Manuel Zelaya, espera el comisionado nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio.
Al ser consultado al respecto, Custodio expresó que es un secreto a voces, siempre se dijo del tal donativo y el Gobierno venezolano nunca lo negó.
“Definitivamente, si llega Capriles al Gobierno esperamos que él tenga la documentación suficiente para seguirles la pista a esos 100 millones de dólares aquí en Honduras y saber el destino que tuvo el dinero del pueblo venezolano donado por Chávez a la administración Zelaya”, puntualizó.
Investigación
En su criterio, los organismos contralores deben continuar la investigación o concluir lo que ya empezaron.
En las últimas horas, el fiscal general, Luis Alberto Rubí, solicitó al TSC (Tribunal Superior de Cuentas) que investigue la supuesta “donación” de 100 millones de dólares. La medida fue
adoptada luego que el candidato presidencial de Venezuela
y líder de la oposición, Henrique Capriles, lo denunciara ante
una multitudinaria concentración.
Al parecer, el TSC inició la investigación de los 100 millones de dólares desde 2009 y el resultado de la misma fue remitido al Ministerio Público con el propósito que este organismo, que forma parte del sistema de justicia en el país, iniciara las diligencias para enjuiciar a los responsables.
Al momento no hay rastros de qué paso con los 100 millones de dólares. El Ministerio Público solicitará una asistencia judicial a Venezuela para conocer qué paso con la donación.
Sin impunidad
Custodio declaró que los compromisos internacioanles del Estado hondureño a través de tratados, pactos y convenios obligan a los funcionarios públicos a combatir la corrupción y promover la integridad, la honestidad y la responsabilidad en sus funciones.“No es posible luchar contra la pobreza y construir democracia si al mismo tiempo no libramos una lucha abierta y decidida en contra de la corrupción”. Señaló que los pactos y acuerdos “secretos” que hagan los políticos a espaldas del pueblo no obliga a la justicia hondureña a practicar la impunidad.
Si la corrupción es un delito de orden público, los corruptos
tienen que ser juzgados, indicó. Honduras ratificó en mayo de 1998 la Convención Interamericana contra la Corrupción, de la Organización de
Estados Americanos, suscrita en Venezuela el 29 de marzo de 1996, que tiene como propósito que los Estados implementen los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción. Según el defensor de los derechos humanos, Honduras suscribió y ratificó dicha Convención, por lo tanto, es parte de la jurisdicción interna y eso indica que
no debe practicar la impunidad de los actos de corrupción.
