Después de 55 días que se interrumpiera el servicio de videovigilancia del Sistema Nacional de Emergencia del 911, muchas cámaras siguen sin funcionar, lo que significa que la población está desprotegida ante la criminalidad.
Diario LA PRENSA conoció a través de fuentes ligadas al Sistema Nacional de Emergencia 911 que muchas de las cámaras que se encuentran instaladas en las zonas norte, centro, sur, occidente y atlántica del país no están funcionando al 100% debido a la deuda que la entidad mantiene desde septiembre de 2021 con la empresa que provee el servicio y con la que el Gobierno todavía no llega a un acuerdo.
Las fuentes aseguraron que en Tegucigalpa y San Pedro Sula algunas cámaras sí funcionan, pero en Choluteca no hay ninguna en servicio.
Para saber
Las actuales autoridades del Sistema 911 no han pagado a la empresa que da el servicio porque detectaron problemas legales en el contrato.
Son más de 900 dispositivos que tiene el 911 instalados en las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Villanueva, Choloma, La Lima, San Manuel, El Progreso, Choluteca, San Lorenzo, Nacaome, Tela, Santa Rosa de Copán, Nueva Arcadia, La Entrada, Copán Ruinas y Gracias, Lempira.
Aunque las autoridades aseguraron días después que se diera a conocer la interrupción del servicio que el problema se había solucionado; personal de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) que trabaja con la entidad señalaron que aproximadamente un 40% de las cámaras todavía no funcionan.
La fuente policial indicó que las que están en servicio es por que están conectadas a un nuevo sistema.
Desprotegidos
Que el servicio no esté al 100% preocupa, pues los hondureños se sienten desprotegidos, manifiestan expertos.
Migdonia Ayestas, coordinadora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Ov-Unah) dijo que la falta de videovigilancia limita la investigación de un delito y alienta a los grupos delictivos a cometer actos criminales, por lo que urge resolver el problema.
“Se vuelve una preocupación el hecho que todavía no hay respuesta y que no estén funcionando al 100%. Las cámaras de seguridad ayudan a documentar los casos de violencia y también disuaden a los delincuentes, por lo que es necesario que se pongan a funcionar. Con toda la inversión y el equipo que se ha hecho para que funcionen lo más que puede hacer el Gobierno es diligencias rápidas y expeditas para que continúen funcionando”, expresó.
Cristian Nolasco, portavoz de la DPI, expresó que estos dispositivos son de mucha ayuda para la investigación criminal. “Que no estén todas funcionando es un atraso para nosotros, posiblemente no podemos tener una prueba técnica, científica, documentada de un hecho, lo que es una afectación, pero no significa que solo ese recurso tenemos”.
LA PRENSA buscó las declaraciones del subdirector del 911, Fernando Ferrera, para conocer su versión, pero el funcionario dijo que estaba en reunión y que no podía atender.
