El jefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, busca que los medios revelen sus fuentes informativas, lo cual no solo intimida y silencia a la prensa, sino que también atemoriza a los subalternos que no están de acuerdo con su discurso político, el abuso de poder y la corrupción. Así lo afirmó Saúl Bueso, asesor legal del Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
Las Fuerzas Armadas presentaron una denuncia ante el Ministerio Público, pidiendo que se exija a 12 medios de comunicación revelar las fuentes que confidencialmente han denunciado el ambiente de inconformidad en la institución militar, tanto por la politización de esa entidad como por el actuar soberbio del jefe del Estado Mayor Conjunto.
Para Bueso, la denuncia de Hernández revela que está mal asesorado o no escucha a sus consejeros, porque su acción carece de fundamento legal, viola la Constitución, la Ley de Libre Emisión del Pensamiento y toda una legislación internacional de la cual el Estado hondureño es suscriptor. “Esa denuncia no debía haber tenido cabida en el Ministerio Público”, consideró el profesional del derecho.
El apoderado legal de C-Libre recordó que los principios sobre libertad de prensa y de expresión están sustentados en convenios internacionales y en la legislación nacional, y no es un militar o un funcionario público intolerante el que los atropellará.
Para Bueso, la presión nacional e internacional hizo que el oficial manifestara que va a retirar la denuncia; no obstante, dejó en el ambiente su alto nivel de intolerancia a la crítica, a la que está expuesto todo funcionario público. Bueso tiene claro que, con una amenaza legal descabellada y sin sustento, Hernández pretende obligar a los medios de comunicación a que revelen sus fuentes, lo que va contra los principios universales del periodismo, baluarte de la libertad de expresión en un sistema democrático.
Condena
La periodista Dina Meza, directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asopodehu), dijo que la denuncia del jefe del Estado Mayor Conjunto está utilizando la institucionalidad para amedrentar a los periodistas, violentando convenios internacionales.
“Ellos solo buscan generar silencio, pero lo que a mí me sorprende es que el Ministerio Público corrió a enviar a los agentes para que comiencen a hostigar a los medios, ante una denuncia que cualquier leguleyo sabe que carece de fundamento”, sostuvo Meza. “Muchas veces, cuando vamos a la fiscalía a acompañar víctimas, ni siquiera pasan las denuncias por el módulo de denuncia, sino que desde el inicio las desestiman. Entonces, ¿cómo pasó esa denuncia del general? Le dieron pase directo. Ahí hay un contubernio”.
Con esas amenazas, un periodista que desconoce la ley se desestabiliza por lo caro de los juicios, pero alguien que sabe que esa actuación del jefe de las Fuerzas Armadas carece de fundamento no se amedrenta, expresó la defensora de derechos humanos.
Ayer, el Partido Liberal también manifestó su más “enérgico rechazo a los intentos del general Hernández de forzar a los periodistas y medios de comunicación a que revelen sus fuentes de información”. Les recordó a los militares que la confidencialidad de las fuentes es un pilar esencial en el periodismo libre e independiente, garantizado por los principios democráticos y el marco legal nacional e internacional. Exigir que los comunicadores revelen la procedencia de sus noticias constituye una violación flagrante de un derecho fundamental y representa un peligroso atentado contra la libertad de prensa.
Aseguran que no permitirán que se vulneren las garantías que protegen a los comunicadores y a la sociedad en su conjunto, y hacen un llamado a las instituciones del Estado, a los organismos de derechos humanos y a la comunidad internacional a permanecer vigilantes ante estos intentos de censura y coerción. “La democracia se sustenta en la libre circulación de información y en el respeto a la prensa, no en la intimidación ni en el uso de medidas autoritarias”, dice el documento.
Libertad de expresión
Diferentes informes señalan que la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. El Estado, como signatario de una serie de convenciones y tratados internacionales, reconoce este derecho de primera generación.
En la Resolución 33-2014, sobre medidas cautelares para el periodista hondureño Julio Ernesto Alvarado, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecieron que la libertad de expresión tiene dos dimensiones: una dimensión individual y una dimensión social.
La primera es la dimensión individual de la libertad de expresión, consistente en el derecho de cada persona a expresar sus propios pensamientos, ideas e información. No se agota con el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios.
La segunda es la dimensión colectiva o social, que consiste en el derecho de la sociedad a procurar y recibir cualquier información, a conocer los pensamientos, ideas e informaciones ajenos y estar bien informada.
En este sentido, la Corte ha establecido que la libertad de expresión es un medio para el intercambio de ideas e información entre las personas; comprende su derecho a tratar de comunicar a otros sus puntos de vista, pero implica también el derecho de todos a conocer opiniones, relatos y noticias de toda índole libremente.
