Tegucigalpa, Honduras.
El informe presentado por la comisión multipartidaria del Poder Legislativo reveló que en el interior del Seguro Social se organizó una estructura de empleados y funcionarios que malversaron fondos de la institución.
Para dar cabida a los actos de corrupción bastó solo la firma de Mario Zelaya, exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), que dio paso a 21 líneas de crédito con cinco bancos.
Las erogaciones de las cuentas fueron por el orden de L290,907,683.98 y sirvieron para crear empresas de portafolio y fachada que eran gestionadas por los cómplices del escandaloso descalabro.
Las cantidades de dinero que provenían del presupuesto de la institución se utilizaron para la compra de propiedades inmobiliarias, vehículos y otros bienes en Honduras y el extranjero.
Desde el 5 de mayo del año pasado y hasta en la actualidad están asegurados 40 bienes inmuebles ubicados en zonas de alta plusvalía de Francisco Morazán y en Tela, Atlántida.
Los títulos de derecho de dominio de estas propiedades estaban a nombre de Edita López Matamoros, Gabriela Laínez Reina, María Elena Cornavaca, Jorge Daniel Herrera, Natalia Patricia Ciufardi, Ilsa Aguirre Flores e Ilsa Vanesa Molina. De igual forma las empresas Inversiones Turísticas e Inmobiliarias Novaterrara Travel Latinoamericana S de R L, Corporación Metrópolis S de R L, Technologies BYL S.A., Inmoviliaria BYL S.A., Technoshop S de R L y Venturas S de R L.
En pesquisas hechas por el Ministerio Público en 2014 se determinó también que las empresas eran gestionadas por familiares o amantes de los funcionarios.
El informe presentado por la comisión multipartidaria del Poder Legislativo reveló que en el interior del Seguro Social se organizó una estructura de empleados y funcionarios que malversaron fondos de la institución.
Para dar cabida a los actos de corrupción bastó solo la firma de Mario Zelaya, exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), que dio paso a 21 líneas de crédito con cinco bancos.
Las erogaciones de las cuentas fueron por el orden de L290,907,683.98 y sirvieron para crear empresas de portafolio y fachada que eran gestionadas por los cómplices del escandaloso descalabro.
Las cantidades de dinero que provenían del presupuesto de la institución se utilizaron para la compra de propiedades inmobiliarias, vehículos y otros bienes en Honduras y el extranjero.
Desde el 5 de mayo del año pasado y hasta en la actualidad están asegurados 40 bienes inmuebles ubicados en zonas de alta plusvalía de Francisco Morazán y en Tela, Atlántida.
Los títulos de derecho de dominio de estas propiedades estaban a nombre de Edita López Matamoros, Gabriela Laínez Reina, María Elena Cornavaca, Jorge Daniel Herrera, Natalia Patricia Ciufardi, Ilsa Aguirre Flores e Ilsa Vanesa Molina. De igual forma las empresas Inversiones Turísticas e Inmobiliarias Novaterrara Travel Latinoamericana S de R L, Corporación Metrópolis S de R L, Technologies BYL S.A., Inmoviliaria BYL S.A., Technoshop S de R L y Venturas S de R L.
En pesquisas hechas por el Ministerio Público en 2014 se determinó también que las empresas eran gestionadas por familiares o amantes de los funcionarios.
