Representantes de las organizaciones campesinas se reunieron ayer en el Congreso Nacional con la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras, Fenagh, donde se lograron acercamientos respecto a la reformas a la Ley de Modernización Agrícola.
El diálogo se produce en la socialización del proyecto de reformas, presentado al Congreso Nacional por el diputado Marvin Ponce, con el fin de acabar con los conflictos en el agro y reducir la mora en la entrega de tierras ociosas a los grupos productivos.
La reforma plantea la expropiación de tierras ociosas de carácter privado, para ser asignadas a campesinos que no cuentan con tierras para trabajar, luego del pago por parte del Estado al terrateniente de un 15 a 25% al contado y el resto en bonos de la deuda agraria, para lo que la Secretaría de Finanzas destinaría entre 700 a mil millones de lempiras entre el presente año y 2012.
Al respecto, el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Cohep, Santiago Ruiz, propuso una modificación en la redacción del decreto original, porque un propietario de tierra no puede aceptar que se la cancele a cuentagotas el valor de su propiedad, dijo.
Ruiz propuso que también debe eliminarse el término de expropiación de la tierra; no obstante, se mostró satisfecho por la anuencia, al menos del sector gobierno, a través del director del INA, César Ham.
Ham expuso que lo rescatable de la socialización es que pese a que hay discrepancias en algunos aspectos, ya se van encontrando puntos de coincidencia, todo en aras de finiquitar los problemas de tenencia de tierra sin afectar los derechos que también asisten a los terratenientes que poseen en debida forma un territorio rural.
En la ronda de reuniones participan representantes de los sectores campesinos, el Gobierno a través del director del Instituto Nacional Agrario; los directivos del Cohep y de la Fenagh, quienes han sido convocados por el presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, con la intención que el Proyecto de Decreto sea presentado al pleno de la Cámara con el mayor consenso posible.
Magistrados en la mira
Mientras tanto, las organizaciones campesinas han puesto sus reglas en el marco de la socialización de las reformas a la Ley de Modernización Agrícola.
Una de las demandas es la destitución de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en represalia por haber derogado el decreto 18-2008 en que se declaraba la expropiación de tierras ociosas para los campesinos.
Dirigentes de estas organizaciones han presentado al Congreso la propuesta de ley de transformación agraria integral y transformación de la propiedad de los recursos naturales”, orientada a cambiar el actual marco legal.
Los campesinos han denunciado que mientras el uno por ciento de los agroindustriales del país posee la tercera parte de las tierras productivas, 375,000 pequeños agricultores no tienen donde obtener sus alimentos.
