Una comitiva de alto nivel visitó ayer por la tarde la comunidad Guadalupe Carney, en donde se acordó plantear cuatro puntos ante la presidencia de la República debido al pleito de tierras en la zona.
El enfrentamiento donde murieron 11 personas fue producto de la disputa de tierras entre los campesinos y la familia de Osorto, a raíz de un decreto del Gobierno de expropiar tierras y dárselas a los campesinos.
La comitiva está formada por representantes de Instituto Nacional Agrario, INA, Secretaría de Seguridad, Secretaría de Agricultura y Ganadería, SAG, y un representante del campesinado.
Los enviados del Gobierno decidieron dialogar con los campesinos, pobladores y la familia Osorto, a afecto de poner fin a los conflictos, pero éstos por temor decidieron no participar.
Los puntos
Rafael Alegría, asesor técnico del Comité Coordinador de Organizaciones Campesinas, indicó que en la reunión se plantearon cuatro puntos.
'Hemos pedido una solución al problema agrario que es el que da lugar a esta situación, desde indemnizar y pagar los bonos de la deuda agraria que tienen estos señores para que los campesinos puedan producir en ellas', indicó.
Otro de los puntos que se solicitarán ante las instancias correspondientes es la suspensión de Henry Osorto del cargo que ostenta en la actualidad en la Policía Nacional, por considerar que intimida a los campesinos.
Osorto perdió a su padre, hermanos, sobrinos, primos y trabajadores en la matanza del domingo.
'Esa petición es porque no puede estar un uniformado amenazando ya que de esa manera la guerra va a continuar. Ésa es una petición generalizada de todo el campesinado que se ha reunido en esta oportunidad, ya está hablado y esperamos que se brinden las respuestas de forma pronta', aseveró.
Alegría también planteó que las investigaciones se efectúen en un ambiente de imparcialidad ya sea por parte de la Policía y Fiscalía, ya que según sus aseveraciones todos los sectores se unen contra los campesinos.
Se contempla además la colocación de boyas en la carretera, en virtud que hasta le fecha y desde los ocho años que pasan desde que se ubicaron allí los campesinos han muerto 19 personas.
'Hay carros con vidrios oscuros que pasan por la zona disparando y producto de ello se han dado esas muertes', consideró.
El dirigente está claro en que debe aplicarse la justicia en torno a las muertes violentas registradas, 'Lógicamente tiene que hacerse justicia, pero también debe buscarse una solución a los problemas', puntualizó.
Visitaron la escena
Los integrantes de la comisión mantuvieron el diálogo por un corto tiempo con la comunidad. Posteriormente se desplazaron por la vivienda en donde se perpetraron los ataques a efecto de tener una mejor visión de cómo sucedieron las cosas.
Se desconoce si hubo algún tipo de acercamiento con las familias dolientes, quienes pidieron al Gobierno que ponga fin al derramamiento de sangre.
'Nos duele esto que ha pasado, esto pudo haberse evitado, lo que le han hecho a una familia luchadora es algo injusto y que sólo puede estar en mentes y manos de delincuentes, por lo que pedimos justicia', dijo entre lágrimas una familiar de los fallecidos que aguardaba para poder dar a conocer sus criterios ante la comitiva.
La comisión dejó entrever que será el presidente Zelaya quien determine cumplir o no los puntos.
Para conocer
Alerta
La mayor parte de los habitantes del sector estuvo alerta a cualquier acción que se generara internamente o en las afueras de su comunidad.
Detalles
Los pobladores se mostraron reservados al hablar con los medios de comunicaciones, evitaron dar más detalles sobre los problemas de las tierras.
Armados
En el sitio era frecuente observar cómo personas portaban armas tipo revólver, escopetas o pistolas, de la manera más natural y sin temor a la Policía.
Se advirtió sobre la masacre en un expediente de la Fiscalía
Tegucigalpa. La masacre fue alertada con antelación, en un expediente de la Fiscalía de Derechos Humanos.
El pasado 18 de julio fiscales de esta dependencia informaron sobre un auto de prisión en contra de dos presuntos sicarios por asesinar al dirigente campesino del valle del Aguán, Irene Ramírez. Asimismo, el fiscal Juan Carlos Griffin alertó sobre el temor que en Trujillo se pudiera ocasionar una tragedia ya que en una inspección verificó que grupos campesinos y terratenientes se encontraban armados y listos para ocasionar una tragedia. El detonante del surgimiento de la crisis entre estos grupos fue la emisión del decreto 18-2008, que faculta al Estado la expropiación de tierras a terratenientes. 'En el curso de la investigación del asesinato del dirigente campesino Irene Ramírez se ha establecido que las causas son el conflicto que ahí está teniendo lugar en relación a la adjudicación de los terrenos del Crem, de la aplicación del decreto 18-2008', manifestó la fiscal especial de los Derechos Humanos, Sandra Ponce. 'Ya el fiscal responsable del caso, Griffin, había hecho notar en su informe que este escenario era una causa latente, un detonante de un conflicto todavía mayor, los hechos ocurridos han confirmado que el fiscal andaba bien orientado', reveló Ponce. Por tal razón las autoridades del Ministerio Público, desde hace unos días, concertaron una reunión con las autoridades del Instituto Nacional Agrario para buscarle una salida al conflicto. 'En este caso, como en muchos otros creemos que la violencia se deriva de la poca capacidad de gestión del conflicto que tiene muchas veces el Estado y la impunidad que hay', expresó la fiscal.
