Unos 100,000 camiones que estaban bloqueados en las carreteras de todo el país volvieron lentamente a circular el lunes por las rutas argentinas después que las organizaciones de productores rurales levantaron el tercer paro en los últimos 90 días contra gravámenes del gobierno a las exportaciones de soja y girasol.
El conflicto se convirtió en el más serio problema político enfrentado por la presidenta Cristina Fernández desde que asumió el poder el 10 de diciembre.
La mandataria podría referirse al tema en un mensaje el lunes en la tarde, informó la Casa de Gobierno.
Eduardo Buzzi, presidente de la Federación Agraria Argentina, una de las organizaciones en paro, declaró el lunes a la prensa que 'de los 300 piquetes (bloqueos), el 90% despejó las rutas a partir de la medianoche'.
Otro dirigente agrario, Hugo Biolcati, vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, expresó que, al levantar el paro, 'cumplimos con lo que creímos nuestra responsabilidad con la sociedad'.
Sin embargo el paro fue levantado a regañadientes en algunas rutas clave por sectores intransigentes de los productores, que amenazaron con reanudar los cortes si a la brevedad el gobierno no ofrece soluciones satisfactorias.
El ministro de seguridad y justicia, Aníbal Fernández, declaró el lunes que 'todavía hay cortes de rutas en varios lados' y añadió que grupos de productores 'siguen impidiendo el paso de camiones con cereales y ganado' en las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, aunque admitió que en el resto del país la situación se normalizó.
El levantamiento de la medida de fuerza, que consistió en impedir la comercialización de granos destinados a la exportación mediante el bloqueo de los camiones que los trasladan, era una condición puesta por el gobierno para retomar negociaciones, que se interrumpieron en tres ocasiones desde el 11 de marzo.
Existe una creciente demanda de que se reanude el diálogo, a la que se sumaron los obispos de la iglesia católica y otros sectores sociales. El paro, además de enrarecer el clima político nacional, comenzaba a provocar desabastecimiento de alimentos y aumentos de los precios de artículos de primera necesidad.
El Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, se ofreció como mediador y convocó a una reunión negociadora al gobierno y a los productores rurales en la tarde del lunes. Los dirigentes del campo aceptaron de inmediato, pero el gobierno no concurriría al encuentro, por considerar que las medidas fiscales cuestionadas fueron dictadas dentro de sus facultades legales, por lo que una mediación estaba fuera de lugar.
Hasta ahora el principal escollo en las frustradas negociaciones ha sido el nuevo sistema de gravámenes móviles a las exportaciones de granos, que los productores rechazan de plano y que el gobierno considera inmodificable, para impedir que los altos precios internacionales actuales de los granos y la carne se trasladen al mercado interno, en perjuicio de los sectores de menores ingresos.
