La adjudicación del contrato a Sulambiente -ahora con la razón social de Holding Electric- para la recolección de la basura no fue un proceso improvisado y se hicieron los estudios técnicos, financieros y ambientales, aseguró ayer el exalcalde liberal Roberto Larios Silva.
En su administración se desarrolló el proceso de licitación del que sólo quedaron pendientes la firma de la Municipalidad y la aprobación del Congreso Nacional para que la empresa empezara operaciones.
Larios responsabilizó a la administración nacionalista liderada por Óscar Kilgore por haber declarado desierto el proceso en vez de concluirlo, lo que generó las demandas de Sulambiente que tienen embargada la corporación dirigida por Juan Carlos Zúniga por unos 87 millones de lempiras.
La Municipalidad ya ha pagado a esa empresa 45 millones por el incumplimiento del contrato, asegura Zúniga.
Responsables directos
“La corporación de Kilgore fue la responsable de no firmar el contrato a pesar de que ya estaba adjudicado. La razón es muy clara: ellos, los de Agac y Otros, tenían toda la razón para demandar a la Municipalidad por el incumplimiento que se dio por argumentos que en ese tiempo expuso el alcalde Kilgore y que no tenían validez, cuando empezaron a decir que era un contrato oneroso y que la gente iba a pagar caro por la recolección de basura”, indicó. Sostiene que ese aspecto fue estudiado detenidamente por un equipo municipal de abogados y técnicos antes de sacar la licitación. Recordó que se hizo también un estudio de la capacidad económica de la ciudadanía para poder pagar el servicio de recolección y que hasta se consideró que la empresa les siguiera dando ocupación a todos los barrenderos de la ciudad.
“Todo estaba según las posibilidades de la población de San Pedro Sula para pagar la recolección de basura y su proceso final. Categóricamente le puedo decir que si eso se hubiera llevado a cabo como había sido planeado, San Pedro Sula tendría ahora un magnífico servicio de recolección de depósito final de la basura y no esa situación contra la salud en el botadero de El Ocotillo”, señaló.
Larios Silva opina que la administración nacionalista se dejó llevar por opiniones equivocadas de personas que no tuvieron suerte en el proceso de licitación.
“Lamentablemente, los intereses creados de otra empresa que perdió la licitación promovieron ante Kilgore que lo declarara no realizable por los altos costos. Pero la administración de Kilgore no tuvo asesoramiento adecuado para determinar que todo se había hecho en orden y que estaban sujetos a una sanción si acaso no acataban la adjudicación que la administración anterior, o sea la mía, había hecho y que habíamos dejado por mera liberalidad que Kilgore firmara ese contrato”.
“Es lamentable”
El que fuera alcalde sampedrano lamenta que la administración actual esté embargada por no haber cumplido un contrato adjudicado legalmente y del que, señala, están las actas en la Alcaldía.
“Es lamentable lo que está pasando. A esta corporación le ha tocado afrontar esa situación porque es una condena dada con todas las de ley, pues la demanda de Sulambiente llegó a la Corte Suprema de Justicia”.
Le aconseja al alcalde Zúniga seguir negociando y, si es posible, obtener un plan de pago a mayor plazo con los socios de la empresa Holding Electric. “El alcalde -Juan C. Zúniga- siempre ha mencionado que está dispuesto a negociar y a pagar. Es una condena ratificada por la CSJ y aquí lo que cabe es que el alcalde consiga tener una reunión con ellos porque ha propuesto hacer el pago en tres años, un plazo que me parece corto. Incluso debería negociar por más tiempo”.
Larios Silva apela al sentido ciudadano de los socios de la empresa demandante a fin de negociar con la Municipalidad porque esta administración y el pueblo sampedrano no son los culpables.
“Lógico que allí debe haber un sentido ciudadano porque están cobrando unos intereses enormes y la realidad es que ni el alcalde ni la corporación ni el pueblo sampedrano pueden pagar esos fondos ni puede ser el culpable cuando el culpable fue quien realmente se negó a firmar ese contrato cuando se había adjudicado con todas las de ley”.
¿Quiénes son los socios?
Larios contó que la administración que él estaba manejando adjudicó el contrato con una licitación con todas las de ley a Agac y Otros y que posteriormente apareció Sulambiente.
“Y ahora no sabemos ya quiénes son los socios de Sulambiente porque aparece en el periódico que el señor Nasry Asfura no es socio. Siempre hemos sabido que era el principal accionista y que había ejercido todas las acciones legales para condenar a la Municipalidad.
Los italianos, que yo tenga conocimiento, tampoco son los socios. Hay que ver entonces quiénes son los socios de Sulambiente, quiénes son los que van a recibir esa enorme cantidad de dinero. Allí debe haber ese sentido de patriotismo”, indicó el exalcalde liberal.
LA PRENSA intentó entrevistar al excalcalde Óscar Kilgore para llevar su versión de los hechos en el caso Sulambiente pero no quiso referirse al tema. También se buscó la reacción del exalcalde Rodolfo Padilla Sunseri pero no contestó las llamadas realizadas.
“Jamás creímos que se estaba provocando un daño a la ciudad”: Osmín Bautista
Actuaron de buena fe y en defensa del pueblo sampedrano, pues todo les indicaba que era un contrato oneroso que no se iba a poder pagar.
Eso los llevó a declarar nulo el proceso de licitación que le adjudicaba el contrato de la recolección de basura a Agac y Otros, dijo Osmín Bautista, exvicealcalde sampedrano en la administración de Óscar Kilgore.
Confiesa que jamás imaginaron que la decisión que tomaron le iba a generar demandas millonarias a la Municipalidad. “En este país, lamentablemente la justicia a veces beneficia a quienes más tienen. Jamás pensamos, jamás creímos, que se le estaba provocando un daño a la ciudad. Por lo contrario, en el debate que tenía el pleno con el cuerpo de abogados se creyó que ésa era la decisión heroica en defensa del pueblo. Estaba claro, según lo presentaron los financistas, que era onerosísima la concesión. No digamos hoy, con una demanda con perjuicios que se debe pagar. El daño es terrible”, expresó Bautista.
Explicó que a la Corporación nacionalista de la que fue parte se le presentaron argumentos legales que llevaron a tomar esa decisión.
“No estaba concluido el proceso de licitación y después de un análisis del departamento de Finanzas, en el que presentaron un modelo matemático que demostraba que efectivamente iba a ser oneroso pagar esa concesión, se miraba casi imposible que la Municipalidad pudiera hacerle frente a ese compromiso”.
Recuerda que el análisis se basó en la situación real de la ciudad porque se decía que iban a recoger mil toneladas de basura diarias y la ciudad en ese entonces sólo producía 500. “Como que se había inflado la cantidad de desechos para justificar la figura financiera que daba pie para que le fuera atractivo al concesionario tomar el proyecto. Por otro lado privó la defensa del pueblo sampedrano porque no se podía pagar esa concesión”.
