A juicio de la Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras, Asojmah, la facultad de proponer el listado de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, debe quedar en manos del Consejo de la Judicatura.
Tras aprobar reformas a la Constitución, el Congreso Nacional, CN, se apresta a aprobar la Ley del Consejo de la Judicatura. Como precepto innovador a esta ley, la Asojmah considera recomendable ampliar las funciones del Consejo de la Judicatura.
La Asojmah plantea que “a fin de darle mayores atribuciones al Consejo de la Judicatura, para el respeto de la carrera judicial, tenga como facultad el proponer ante el Soberano Congreso Nacional la nómina de por lo menos 45 candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a efecto que el CN seleccione a los quince magistrados que integrarán la Corte Suprema de Justicia”, cita el comunicado.
Se propone que de estos quince magistrados que integrarán la CSJ al menos diez sean de carrera, sean magistrados de Corte de Apelaciones o jueces con larga trayectoria judicial.
De acuerdo con una ley, existe una junta nominadora que dirige un proceso para proponer el listado de al menos 45 candidatos al CN. Esta junta la componen siete miembros que representan al Colegio de Abogados, Comisionado de Derechos Humanos, CSJ, Cohep, universidades, sociedad civil y obreros. La Asojmah busca que el Consejo suplante a esta junta para conducir un proceso transparente y alejado de intereses políticos.
Integración
La Asojmah propone que el Consejo de la Judicatura sea integrado por cinco miembros propietarios y tres suplentes. Quienes integren el consejo durarán cinco años en el cargo, con opción a ser reelectos.
La presidencia debe ser rotatoria entre los miembros, que deben ser magistrados, jueces, un representante del pleno y de la asociación de funcionarios y empleados, propone la Asojmah. Con la nueva ley, el Consejo tendría facultades de nombrar, cancelar y remover jueces y magistrados, sin ser ratificados por el pleno.
Asimismo, la Asojmah plantea que el CN respete el tres por ciento del presupuesto que constitucionalmente le corresponde al Poder Judicial.
