El presidente Manuel Zelaya Rosales restó importancia a las amenazas a muerte que varios abogados han recibido, porque asegura que ésa es una campaña tendenciosa del Partido Nacional para desprestigiar su gobierno.
¿Qué opina, Presidente? Ayer se habló de que tres abogados han sido amenazados.
“¿Por qué no mejor hablamos de lo que se hace aquí? -arreglo de una plaza artística cerca de Presidencial-, usted le está siguiendo la campaña al Partido Nacional de que no hay seguridad, ¿ésa es la campaña de ellos, verdad?”.
Pero es un problema del pueblo, le consultó el periodista de Radio América.
“Es un problema del pueblo que lo estamos resolviendo, si quiere que hablemos de seguridad, si quiere hablamos todo el día de seguridad y nadie publica nada”.
El Presidente fue abordado mientras visitaba el parqueo de la Presidencial y esperaba que las preguntas sólo se refirieran al concierto que se efectuó en ese lugar, evento para el cual fue remodelado.
El mandatario contestó en dos ocasiones a las preguntas del reportero que mejor se refiriera a la remodelación del estacionamiento.
“Hoy hablemos de esto, que será un acto importante que se va a hacer aquí”, fue la contestación con la que se defendió.
Seguidamente, Zelaya dijo que se está apoyando a diferentes instituciones para la lucha contra la criminalidad y eso no es visto por los miembros del Partido Nacional. Tras esas breves palabras puso fin a la corta y acalorada entrevista.
Amenazados
Jesús Martínez Suazo y Alda de Kawas, profesionales del derecho, denunciaron que han recibido serias denuncias de que los ejecutarían debido a varios juicios que ventilan como socios de un bufete, razón por la cual abandonarían el país.
El abogado Suazo salió ayer del territorio nacional vía aérea por el aeropuerto Toncontín.
“No le puedo decir hacia dónde voy por razones obvias, hay un atentado inminente contra nuestra vida que amerita tomar esta acción, en tanto que el doctor Custodio -Comisionado de los Derechos Humanos- y principalmente las autoridades competentes hagan las averiguaciones”, dijo ayer Suazo en el aeropuerto Toncontín.
Al consultarle sobre si las amenazas están relacionadas con la muerte de Avidán López, el abogado respondió que pudiera ser que sí o no.
“Hay algunas cosas que hacen la relación, por una plática que tuvimos con él antes que lo mataran, pero repito, pudo haber sido casual”.
Suazo dijo: “El peligro no sólo es para los profesionales del derecho, creo que aquí cualquier persona, en cualquier profesión, está en peligro porque pareciera que aquí como que las cosas no pretenden arreglarse como deben arreglarse, sino que es más fácil y más barato eliminar a otra persona”.
Los abogados amenazados dijeron que preferían huir del país y no correr con la misma suerte que cinco colegas ajusticiados por desconocidos en lo que va del año.
Los casos más sonados y recientes fueron los del Marco Avidán López, asesinado mientras desayunaba en el mercado Jacaleapa y el de Dionisio Díaz, quien perdió la vida acribillado mientras transitaba por la Teletón.
Este último era del equipo legal de la Asociación para una Sociedad más Justa, ASJ.
Sociedad civil se suma
La sociedad civil cada día toma más fuerza el movimiento de distintas organizaciones de la sociedad civil en demanda de justicia.
Ayer en la mañana, el personal de la Asociación para una Sociedad más Justa, el Consejo Nacional Anticorrupción, CNA, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, personal de las embajadas de Suecia, Alemania y España se plantaron bajo el Congreso Nacional para exigir justicia.
Después se manifestaron frente a Casa Presidencial.
El presidente de ASJ, Carlos Hernández, declaró que la muerte del abogado Dionisio Díaz García formó una coalisión que está pidiendo que se haga justicia.
La ASJ solicitó, a través de un comunicado, deducir responsabilidad penal, investigar las amenazas a muerte en contra de Hernández, de cuatro periodistas y dos empresas de seguridad,
Delta y Setech, “por posibles nexos con el crimen organizado”.
Ramón Custodio publicó ayer una carta que le envió al Presidente
de la República, en la cual le pide protección para el ex decano de la facultad de derecho, Jesús Martínez Suazo, Alda Kawas, al presidente, cuatro periodistas y empleados de ASJ.
Además, muestra preocupación por las 32 muertes de este año en la Penitenciaría Nacional.
Ann Stodberg, asesora de Asdi, de la cooperación sueca, expresó su pésame por la muerte de Díaz García.
“La base de la cooperación existe como una expresión de solidaridad con el pueblo hondureño, por eso compartimos la gran preocupación de hoy en día en Honduras sobre la seguridad ciudadana y la impunidad”, dijo en su discurso en los bajos del Congreso Nacional.
Así lo dijo
“Darle exclusivamente seguridad a un gremio, no lo podemos hacer. No se le puede poner un policía a cada abogado”.
Álvaro Romero
Ministro de seguridad
La Dgic, tras pista de asesinos de abogados
“Cuando no hay justicia en un país, la corrupción campea, la falta de justicia que ha imperado en nuestro país se expresa también en corrupción”, declaró Sergio Membreño, director ejecutivo del Consejo Nacional Anticorrupción.
El CNA ha pedido al Gobierno y a la Corte Suprema de Justicia investigar la muerte del abogado Dionisio Díaz García, además, hay una alianza entre todas las organizaciones de la sociedad civil para exigir de manera permanente y sistemática la investigación de este caso concreto.
“Hay crimen organizado cuando se tiene corrupción sistemática e institucional en nuestro país”, dijo. La ola de inseguridad no sólo afecta a los abogados.
El presidente del Sindicato de Conductores y Cobradores del Transporte Urbano, Regino Aceituno, denunció ayer que la inseguridad también tiene entre la espada y la pared a los empleados del transporte en varios sectores de la capital.
El secretario general de la Dgic, Héctor Iván Mejía, reveló que las averiguaciones en torno a la muerte de los profesionales del derecho Marcos Avidán López Martínez y Dionisio Díaz García están avanzadas y falta poco para capturar a los responsables.
El comisario aseguró que hay información puntual que no puede hacerse del conocimiento público.
