Porque las bancadas no se ponen de acuerdo en los artículos polémicos, el Congreso Nacional suspendió ayer la discusión y aprobación en tercer debate de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial.
Los diputados se encuentran entrampados en esa ley en dos de sus artículos: el artículo 4
referente a la conformación del Consejo de la Judicatura y el artículo 23,
relacionado al nombramiento del Inspector General de Juzgados y Tribunales y su adjunto.
En el artículo 4 ya hay un consenso de eliminar el inciso que daba participación a un representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Judicatura.
Ahora la discusión se cierne sobre qué representación sustituirá el vacío dejado por el Ejecutivo en la conformación del Consejo.
Hay un sector que piensa que debe dársele participación a la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial, y otros dicen que se incorpore a un representantes de las facultades de Derecho de las Universidades del país.
En el artículo 23 la discusión es más prendida, ya que el mismo presidente de la comisión de dictamen, José Tomás Zambrano,
sostiene que es el Congreso el que debe nombrar al Inspector de Juzgados y Tribunales.
Zambrano considera que no es correcto que el titular de la Inspectoría General de Tribunales sea nombrado por las mismas personas a las que él después tendrá que investigar.
“Lo que debe existir es independencia y objetividad en el trabajo del inspector, así que es ilógico que los miembros de la Judicatura lo escojan, ya que a él le tocará supervisar y denunciar cuando haya malas actuaciones de los mismos y no querrá hacerlo contra sus propios jefes, quienes fueron precisamente los que lo nombraron en el cargo”, explica, agregando además que lo correcto es que se utilice el mismo mecanismo que usan en países avanzados del mundo. Esto es, que el inspector sea elegido por un ente independiente, en este caso el Congreso Nacional de la República.
En tanto, la
alianza parlamentaria nacionalista anunció, la noche del miércoles, que se opondrá a que sea el Congreso Nacional el que nombre al inspector de jueces y tribunales.
Los diputados de la alianza parlamentaria denunciaron que existen fuerzas tendientes a hacer de los nombramientos judiciales una especie de “botín político”, según lo manifestado por el diputado Daniel Flores.
