Las autoridades nacionales se siguen aferrando a cualquier salvavidas que les permita mantenerse lo más alejado posible del descalabro fiscal.
Como muestra, el Congreso Nacional prorrogó la vigencia de la Ley de Emergencia Fiscal y Financiera, que permite al Gobierno adoptar acciones para enfrentar la situación de insolvencia que atravesará durante 2013.
La medida, aprobada en marzo de 2010 y ampliada en 2012, fue extendida por un año más.
Con la prórroga del decreto 18-2010, el gobierno Lobo Sosa se declara bajo un estado de emergencia fiscal y mediante la aplicación de medidas extraordinarias busca atender esta crisis.
Para lograr los objetivos, el Gobierno está facultado para adoptar medidas pertinentes en materia de ingresos fiscales, racionalización del gasto público, medidas de orden financiero y disposiciones de beneficio social y administrativo. Con esto, la administración central puede enviar al Congreso algunas leyes para contener el gasto corriente o elevar las recaudaciones tributarias. Una de las acciones que muchos conocedores del tema fiscal avizoran es la necesidad que tendrá el Ejecutivo de obtener recursos para cubrir el excesivo gasto corriente, el que ahora está siendo empujado por los compromisos financieros para cubrir el pago de capital e intereses de la deuda interna, así como de la disponibilidad de fondos para cancelar las transferencias en los plazos establecidos, principalmente a las 298 alcaldías.
Para el presidente del Colegio de Economistas de Honduras (CHE), Roldán Duarte, el año 2013 está lleno de incertidumbre por la situación fiscal que atraviesa el sector público, lo que requiere de la adopción de medidas extraordinarias para alcanzar la estabilidad de las finanzas públicas.
