Un alto a la corrupción y no más impunidad es el mensaje claro que envía Roy Urtecho, presidente del Colegio de Abogados de Honduras, al destapar los supuestos actos de corrupción cometidos por exdirectivos.
Para la abogada sampedrana Maribel Espinoza, Urtecho está haciendo una cruzada histórica en el Colegio en solo seis meses.
Los abogados Maribel Espinoza, Ramón Zúniga, José Antonio Taixe, Jair López, José Palomo, y otros fueron designados por la directiva del Colegio para que lleven los casos de irregularidades de los anteriores directivos y que los pasen al Ministerio Público para que se investiguen.
Ellos son dirigidos por el fiscal del Colegio, Mario Urquía.
En la asamblea en Tegucigalpa se acordó deducir responsabilidad a los miembros del Instituto de Previsión Social de los Profesionales del Derecho y a exdirectivos del CAH (Colegio de Abogados de Honduras).
El Tribunal de Honor acordó suspender por tres años del ejercicio de la profesión a Josué Argeñal, quien fungía como gerente de dicho Instituto, porque hallaron méritos en su contra en el manejo de fondos de la institución.
Ante la suspensión, Argeñal dio un disco compacto en el que aseguró que estarían las pruebas de los supuestas irregularidades de las gestiones pasadas y donde están involucrados miembros actuales del Instituto.
Ese mismo día, Espinoza entregó la prueba al Ministerio Público y están a la espera que abran e inicien la investigación.
La actitud de Argeñal Cerrato, dice Espinoza, es una falta al Código de ética, que en su artículo 4 señala que
“es deber del abogado combatir lícitamente la conducta inmoral de colegas y debió haber denunciado en su momento al Colegio de Abogados o las autoridades”. El reglamento del Instituto de Previsión del Profesional del Derecho manifiesta que la administración de los recursos serán objeto de una auditoría constante interna-externa para garantizar la transparencia de los intereses del CAH. “En la pasada gestión del Olbin Mejía no se utilizaron los recursos en debida forma, de acuerdo con el artículo 28 que resalta que la inversión deberá hacerse atentiendo razones de seguridad y liquidez”, dijo.
Despilfarro de L41 millones
Urtecho asumió la presidencia del CAH el 30 de abril de 2012, pero días antes se cancelaron
varios certificados de depósito del Instituto de Previsión Social que garantizaban el pago de las pensiones a los afiliados. Entre ellos resaltan varias órdenes en los bancos a escasos días de vacar en sus cargos y firmados por Olbin Mejía y Josué Argeñal; uno con fecha 18 de abril de 2012 por
8,214,716.59
lempiras en City Bank y otra del Banco Promérica el 26 de abril
por 280,679.60 dólares que se debite de la cuenta de ahorros 2155974 al cambio de la moneda nacional y que luego emita el cheque de caja a nombre del Instituto que en lempiras el pago fue de L 5,425,255.99.
Urtecho halló en cero el fondo de reservas del Instituto de Previsión Social, y asegura que tiene un informe de que la pasada gestión recibió L107 millones.
Por lo anterior, la actual directiva contrató los servicios de la firma auditora Delgado, Maradiaga y Asociados, para que revisara los estados financieros de este orgnismo gremial, donde se arrojan algunos sobregiros.
Urtecho, quien también funge como Fiscal General Adjunto, explicó que la auditoría forense reveló que para el período 2010-2012 se aprobó por las asambleas un presupuesto de L87,095,000, pero el ejecutado ascendió a L128,321,195, excediéndose en L41,226,195.
Entre las irregularidades prosiguen la destrucción de documentos de soporte financiero en el sistema de previsión e incineración de cheques y recibos (báucheres) de varios meses de 2010 y 2011.
El acta notarial 118 menciona un informe de auditoría financiera practicada por Alfaro y Asociados al Instituto, donde se recomienda proceder a la incineración de la documentación soporte de los años anteriores, manteniendo la información reciente, aduciendo problemas de espacio en su almacenamiento.
Urtecho pide a la Fiscalía que se presente requerimiento fiscal contra las personas que incineraron dicha documentación.
Sin embargo, una nota de la firma auditora enviada a Urtecho aclara que a pesar de que en el pasado tuvieron una relación comercial con el CAH, no fueron contratados ni realizaron ninguna auditoría al 31 de marzo de 2012 y no han generado ningún informe con esos fines, tampoco han autorizado a terceras personas para que actúen en su nombre.
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