San Pedro Sula, Honduras.
Hipotecas anómalas, operaciones inscritas sin la firma del registrador, alteraciones, cancelaciones, pérdidas, registros de operaciones que no contaron con el consentimiento de los propietarios y manipulación para sustituir escrituras son algunos de los tantos hallazgos que reportan las investigaciones efectuadas en el Instituto de la Propiedad (IP).
La serie de irregularidades detectadas evidenciaron que la unidad de Regularización Predial en San Pedro Sula era la que tenía en el país los niveles más altos de corrupción, por lo que decidieron cerrarla.
“Detectamos que la unidad con mayores niveles de corrupción en el Instituto de la Propiedad estaba en San Pedro Sula, y era la de Regularización Predial, por eso la cerramos. Para mí es difícil cuantificar la corrupción en el Instituto porque ha habido tantos casos que debemos contratar una unidad especializada que revele el total de la corrupción”, señaló Ebal Díaz, presidente del Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad. Los daños ocasionados por las operaciones irregulares en esta institución del Estado afectaron no solo a la administración pública, sino también a terceros.
Demandas millonarias
Si las acciones tomadas por las autoridades ante el descubrimiento de planillas fantasmas en Tegucigalpa suman hasta ahora seis millones de lempiras, la corrupción en San Pedro Sula deja demandas millonarias al Estado que alcanzan los dos mil millones de lempiras.
“Lo de Tegucigalpa se contabiliza en seis millones de lempiras y lo que se defraudó fue dinero. Pero, en San Pedro Sula hablamos de actos que derivaron en demandas millonarias contra el Estado, estamos hablando que encontramos en demandas dos mil millones de lempiras (unos 100 millones de dólares), estamos hablando de cantidades extraordinarias”, admitió Díaz.
Tras las investigaciones que abrieron, las irregularidades que ocurrían dentro del IP evidenciaron que un entonces director de las oficinas en San Pedro Sula era quien se prestaba para orquestar las anomalías en la institución.
“Todo lo investigado está en el Ministerio Público de San Pedro Sula, lugar adonde operaba un director de registro que empastaba y reempastaba los tomos, era una manipulación para sustituir las escrituras”, explicó el presidente del Consejo Directivo del IP.
Las denuncias que se interpusieron sobre los actos irregulares señalaban que se hacían las titulaciones de manera irregular. Iguales eran las actuaciones administrativas de ciertos funcionarios. Cada acto de corrupción que se orquestó en el IP está documentado y es el Ministerio Público que analiza los vínculos que las acciones delictivas tienen con el crimen organizado.
“Hemos denunciado que hay personas que han estado vinculadas con el crimen organizado. La forma como se ha manejado el Instituto de la Propiedad ha permitido que pudieran lavarse activos. Un mismo bien inmueble lo hipotecaban tres o cuatro veces porque llevaban el control de la hipoteca y no lo inscribían, no tenían el instrumento y ese mismo bien lo volvían a hipotecar en otro banco y así sucesivamente”, dijo Díaz.
“Se ha trasladado al Ministerio Público toda la información, estamos esperando que así como se procedió el martes en Tegucigalpa se pueda hacer lo mismo en otros registros. Estamos corrigiendo, arreglando las demandas y otros problemas que la corrupción de esta gente dejó y metió en problemas al Estado”, dijo Ebal Díaz.
Nuevo rostro
Pese a la avalancha de denuncias e investigaciones que se hacen a la institución, tanto el directivo del IP como empleados de la regional en San Pedro Sula aseguran que poco a poco se toma el control y que el compromiso de los funcionarios es demostrar transparencia en todas las operaciones.
“Se han creado procesos y controles para evitar que se puedan generar anomalías en el proceso de trabajo.
Todo se está transparentado y se buscan mecanismos para agilizar los procesos”, explicó Connie Ortiz, gerente noroccidental del Registro, Catastro y Geografía.
Funcionarios aseguran que poco a poco se hacen los correctivos y se abordan los problemas críticos que se han encontrado hasta ahora en las oficinas de Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba.
Ayer pese a los anuncios de acciones dentro de la regional en San Pedro Sula, las actividades se desarrollaban con normalidad. El personal atendió a las personas en el área de registro de la propiedad, así como en el área de registro vehicular, sin ningún problema.
“Estamos trabajando con normalidad. Esta oficina es una de las que está en cero mora y tratamos de agilizar las solicitudes de los usuarios que a diario llegan a estas oficinas”, dijo Denia Torres, coordinadora de la Unidad de Control y Seguimiento en San Pedro Sula.
En 2014 a través de una investigación, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) reportó unos 100 casos de irregularidades registradas en los últimos diez años en el Instituto de la Propiedad, entre ellas se detectó la venta ilegal de terrenos a la orilla de la playa en varias municipalidades de la costa y la venta de un cayo en Islas de la Bahía.
Hipotecas anómalas, operaciones inscritas sin la firma del registrador, alteraciones, cancelaciones, pérdidas, registros de operaciones que no contaron con el consentimiento de los propietarios y manipulación para sustituir escrituras son algunos de los tantos hallazgos que reportan las investigaciones efectuadas en el Instituto de la Propiedad (IP).
La serie de irregularidades detectadas evidenciaron que la unidad de Regularización Predial en San Pedro Sula era la que tenía en el país los niveles más altos de corrupción, por lo que decidieron cerrarla.
“Detectamos que la unidad con mayores niveles de corrupción en el Instituto de la Propiedad estaba en San Pedro Sula, y era la de Regularización Predial, por eso la cerramos. Para mí es difícil cuantificar la corrupción en el Instituto porque ha habido tantos casos que debemos contratar una unidad especializada que revele el total de la corrupción”, señaló Ebal Díaz, presidente del Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad. Los daños ocasionados por las operaciones irregulares en esta institución del Estado afectaron no solo a la administración pública, sino también a terceros.
 La actividad se desarrolló ayer en total normalidad en el Instituto de la Propiedad de San Pedro Sula.
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Si las acciones tomadas por las autoridades ante el descubrimiento de planillas fantasmas en Tegucigalpa suman hasta ahora seis millones de lempiras, la corrupción en San Pedro Sula deja demandas millonarias al Estado que alcanzan los dos mil millones de lempiras.
“Lo de Tegucigalpa se contabiliza en seis millones de lempiras y lo que se defraudó fue dinero. Pero, en San Pedro Sula hablamos de actos que derivaron en demandas millonarias contra el Estado, estamos hablando que encontramos en demandas dos mil millones de lempiras (unos 100 millones de dólares), estamos hablando de cantidades extraordinarias”, admitió Díaz.
Tras las investigaciones que abrieron, las irregularidades que ocurrían dentro del IP evidenciaron que un entonces director de las oficinas en San Pedro Sula era quien se prestaba para orquestar las anomalías en la institución.
“Todo lo investigado está en el Ministerio Público de San Pedro Sula, lugar adonde operaba un director de registro que empastaba y reempastaba los tomos, era una manipulación para sustituir las escrituras”, explicó el presidente del Consejo Directivo del IP.
Las denuncias que se interpusieron sobre los actos irregulares señalaban que se hacían las titulaciones de manera irregular. Iguales eran las actuaciones administrativas de ciertos funcionarios. Cada acto de corrupción que se orquestó en el IP está documentado y es el Ministerio Público que analiza los vínculos que las acciones delictivas tienen con el crimen organizado.
“Hemos denunciado que hay personas que han estado vinculadas con el crimen organizado. La forma como se ha manejado el Instituto de la Propiedad ha permitido que pudieran lavarse activos. Un mismo bien inmueble lo hipotecaban tres o cuatro veces porque llevaban el control de la hipoteca y no lo inscribían, no tenían el instrumento y ese mismo bien lo volvían a hipotecar en otro banco y así sucesivamente”, dijo Díaz.
“Se ha trasladado al Ministerio Público toda la información, estamos esperando que así como se procedió el martes en Tegucigalpa se pueda hacer lo mismo en otros registros. Estamos corrigiendo, arreglando las demandas y otros problemas que la corrupción de esta gente dejó y metió en problemas al Estado”, dijo Ebal Díaz.
 LA PRENSA en varias de sus publicaciones en octubre de 2014 evidenció los niveles de corrupción ocurridos en el instituto de la Propiedad.
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Pese a la avalancha de denuncias e investigaciones que se hacen a la institución, tanto el directivo del IP como empleados de la regional en San Pedro Sula aseguran que poco a poco se toma el control y que el compromiso de los funcionarios es demostrar transparencia en todas las operaciones.
“Se han creado procesos y controles para evitar que se puedan generar anomalías en el proceso de trabajo.
Todo se está transparentado y se buscan mecanismos para agilizar los procesos”, explicó Connie Ortiz, gerente noroccidental del Registro, Catastro y Geografía.
Funcionarios aseguran que poco a poco se hacen los correctivos y se abordan los problemas críticos que se han encontrado hasta ahora en las oficinas de Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba.
Ayer pese a los anuncios de acciones dentro de la regional en San Pedro Sula, las actividades se desarrollaban con normalidad. El personal atendió a las personas en el área de registro de la propiedad, así como en el área de registro vehicular, sin ningún problema.
“Estamos trabajando con normalidad. Esta oficina es una de las que está en cero mora y tratamos de agilizar las solicitudes de los usuarios que a diario llegan a estas oficinas”, dijo Denia Torres, coordinadora de la Unidad de Control y Seguimiento en San Pedro Sula.
En 2014 a través de una investigación, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) reportó unos 100 casos de irregularidades registradas en los últimos diez años en el Instituto de la Propiedad, entre ellas se detectó la venta ilegal de terrenos a la orilla de la playa en varias municipalidades de la costa y la venta de un cayo en Islas de la Bahía.
