Las organizaciones campesinas pidieron ayer al presidente Manuel Zelaya Rosales derogar la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola que en 1992 sustituyó a la Ley de Reforma Agraria.
Esta ley, dijeron, es nefasta para los trabajadores del campo que ahora no pueden ocupar un terreno porque son acusados de terrorismo y encarcelados por los terratenientes.
El cuerpo jurídico fue aprobado durante el gobierno de Rafael Leonardo Callejas y para ello se prestaron los mismos dirigentes de organizaciones como la Unión Nacional de Campesinos y la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras, Anach, lo cual creó una división dentro de los grupos porque algunas organizaciones no se prestaron a esta iniciativa del gobierno nacionalista.
Los campesinos hicieron la petición al gobernante Zelaya en el marco del “Foro nacional por una reforma agraria integral y el desarrollo rural” en el cual demandan una verdadera reforma agraria capaz de dotar de tierras a unas 300 mil familias que no la tienen.
El Presidente les prometió iniciar un proceso de diálogo con el Congreso Nacional y otras instancias para viabilizar la solicitud de los hombres del campo.
Al respecto, el director del Instituto Nacional Agrario, Francisco Fúnez, declaró que el Gobierno no tiene ningún impedimento para derogar esta ley.
“Demandamos que los recursos naturales como tierra, agua, semillas, bosques, biodiversidad y minas no deben ser privatizados ni concesionados y al contrario deben ser adjudicadas a los asentamientos humanos existentes bajo una nueva perspectiva de desarrollo”, dice otra de las demandas campesinas.
Los dirigentes campesinos le dijeron al mandatario que se requiere voluntad política” para impulsar una transformación en el agro.
Dato
Los campesinos dijeron que para implementar la Reforma Agraria y el desarrollo rural necesitamos políticas y estrategias coherentes basadas en alianzas estratégicas entre todos los sectores de la sociedad hondureña.
