El Gobierno de Roberto Micheletti sacó del aire ayer a canal 36 y radio Globo en la capital.
Ambos medios de comunicación fueron clausurados en medio de la profunda crisis que ha desatado la llegada de Manuel Zelaya a Honduras.
Canal 36 y radio Globo fueron sacados del aire a tempranas horas de la mañana cuando decenas de efectivos de las Fuerzas Armadas y policías antimotines se introdujeron a sus instalaciones para decomisar cámaras, micrófonos y el equipo de transmisión.
La determinación fue rechazada por decenas de periodistas que se solidarizaron con los comunicadores que se desempeñan en canal 36 y Radio Globo.
El cierre de los medios de comunicación se registró horas después de la aprobación de un decreto ejecutivo que contempla la restricción de algunas garantías constitucionales en el país.
El decreto autoriza a “impedir la emisión por cualquier medio hablado, escrito o televisado de manifestaciones que atenten contra la paz y el orden público”, o que “atenten contra la dignidad humana de los funcionarios públicos o las decisiones gubernamentales”.
Tanto canal 36 como Radio Globo han mantenido una postura a favor del depuesto presidente Manuel Zelaya antes y después de los acontecimientos del 28 de junio.
La orden de suspensión de operaciones para canal 36 y Radio Globo fue emitida a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, en la resolución No. 0D-19-19.
En horas de la tarde, Micheletti aseguró tener pruebas de canales y radioemisoras han estado incitando a la violencia y a la guerrilla en el país.
Denuncia
Entre tanto, el coordinador del Comité de Defensa de Derechos Humanos, Codeh, Andrés Pavón, acudió ayer al Ministerio Público a formalizar una denuncia en contra de las autoridades de Conatel que resolvieron la suspensión de operaciones de Radio la Catracha, Cholusat Sur Radio, Pueblo Visión, canal 36 y Radio Globo.
“El allanamiento es con base en una resolución que está infundada. El artículo 73 de la Constitución de la República garantiza la inviolabilidad de las estaciones de radio y televisión y donde se hacen impresiones, está garantizado, no cabe que sean suspendidas”, expresó la fiscal especial de Derechos Humanos, Sandra Ponce. Por lo tanto, a juicio de la fiscal, la medida de suspender operaciones a las estaciones antes descritas “es ilegal e inconstitucional, que debe ser revocada”.
La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, emitió un comunicado también condenando esta medida del Gobierno.
La SIP expresó su profunda condena contra un decreto del Gobierno de Honduras que prohíbe libertades públicas como los derechos de asociación, reunión y expresión; considerando, especialmente, como “medida absurda” que las autoridades puedan disponer la censura y cierre de aquellos medios de comunicación que pudieran estar “perturbando la tranquilidad nacional, llamando a la insurrección popular y dañando psicológicamente a sus auditorios”, dice el comunicado.
En materia de libertad de prensa, el decreto emitido el 22 de setiembre y publicado en La Gaceta oficial el 26 de setiembre, con vigencia para los próximos 45 días, fue aplicado esta mañana para cerrar canal 36 y Radio Globo, dos medios identificados con el depuesto presidente Manuel Zelaya y por los cuales la SIP reclamó ante el Gobierno para que puedan desarrollar su labor con libertad.