La adjudicación de la estatal a un operador privado vuelve a tomar fuerza luego del fracaso en las últimas medidas adoptadas para recuperar Hondutel, una institución que se ha convertido en una enorme carga financiera para el Estado.
En consonancia con la realidad de la institución, todo indica que un proceso de venta será la apuesta del Gobierno para evitar el derrumbe de la estatal.
Para el caso, en los últimos tres años, el Gobierno condujo un esquema de negocios para fortalecer las finanzas de la institución mediante la venta del 49% de las acciones de Movitelh, que era una nueva empresa de telefonía celular.
Este proceso fue declarado desierto el 25 de enero pasado en virtud de que ninguna empresa se interesó en la compra de Movitelh, pues el interés era obtener más del 50% de las acciones para garantizar la inversión.
Ese mismo mes, el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros un decreto para intervenir Hondutel por 120 días luego de que el Congreso Nacional le solicitara un informe de rescate financiero a la estatal como condición para aprobar el presupuesto de la institución.
En enero pasado interpuso su renuncia como gerente de la estatal el exjefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez, quien dejó el cargo para buscar la presidencia por el Partido Alianza Patriótica.
Durante su gestión, Vásquez formuló un plan de rescate de la estatal, el cual, a su juicio, planteaba aspectos trascendentales para los cuales se requería la voluntad política del Ejecutivo y del Congreso Nacional.
Venta de la estatal
Ante el panorama poco halagüeño de Hondutel, la Secretaría de Finanzas y la Comisión para la Promoción de las Alianzas Público-Privadas (Coalianza) iniciaron la semana anterior un proceso de capitalización de Hondutel.
Con asistencia técnica no reembolsable del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Finanzas y Coalianza anunciaron la puesta en marcha del “Plan de recuperación para la viabilidad financiera de Hondutel”.
El plan contempla la elaboración de “una valoración objetiva y actualizada de Hondutel” como base para definir un esquema de alianza público-privada que permita la participación de un operador con cuya participación se restaure la viabilidad financiera y mejore su eficiencia operativa, es decir, un operador privado que asuma la responsabilidad de la estatal.
Este plan consta en el documento Sefin/UAP/EI-002-2013, que contempla el proyecto de asistencia técnica a Hondutel.
Se estima que Hondutel requiere una inversión de al menos 500 millones de dólares para evitar el colapso, pues, de acuerdo con un informe de la Secretaría de Finanzas, la estatal cerró 2012 con un déficit operativo de 305.4 millones de lempiras y sus ingresos por venta de servicios fueron menores en L1,078.4 millones.
En marzo pasado, el Gobierno de Uruguay formalizó una propuesta encaminada a iniciar inversiones en calidad de socio en la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones por medio de la empresa de comunicaciones uruguaya Antel, que desde hace algún tiempo mantiene conversaciones con la estatal hondureña en temas de capitalización y asociación.
