Tegucigalpa, Honduras.
El Ministerio Público se apresta a emitir requerimiento fiscal en contra de la exsecretaria general del ministerio de Salud Cristina del Carmen Díaz Tábora, a quien se le supone responsable de liderar un esquema de corrupción en esa dependencia estatal a través de la cual obtuvo de forma fraudulenta licitaciones de medicamentos por más de 50 millones de lempiras.
Este es uno de los cinco casos de corrupción que se encuentran en etapa investigativa y sustentación en el Ministerio Público y que fue mencionado en el informe de la comisión multipartidaria del Congreso Nacional.
Fuentes del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) confirmaron ayer a Diario LA PRENSA que en esta trama de latrocinio público participaron al menos cinco o seis sociedades fantasmas, cuyos representantes o testaferros tenían vínculos familiares directos o afectivos con la antes mencionada.
Las indagaciones permitieron determinar que las empresas favorecidas con las licitaciones estaban a nombre de Cristina del Carmen Díaz Tábora, su hermano Óscar Danilo Díaz Tábora, y las hijas de este último, Larissa Gabriela y Andrea Carolina Díaz Pacheco, entre otros parientes.
El expediente fue entregado por el CNA al Ministerio Público hace cuatro semanas y desde entonces se abrió una indagación conjunta de ambas instituciones que ha permitido determinar una serie de actos dolosos en perjuicio del Estado de Honduras.
A partir de las investigaciones hechas por la Unidad de Análisis y Seguimiento de Casos, esta persona aprovechó sus influencias y su alto cargo en la Secretaría de Salud para adjudicar compras privadas de medicamentos entre los años 2009 y 2013 por un valor de 50 millones de lempiras, que al final dieron como resultado una sobrevaloración de 25 millones.
Acosada por la denuncias de corrupción en su contra, en febrero del presente año, Díaz Tábora se vio obligada a dimitir de su alto cargo en la Secretaría de Salud, aduciendo amenazas a su vida; pero fue trasladada a otro puesto dentro del engranaje estatal, según trascendió.
En octubre de 2014, la funcionaria se retiró durante una semana de sus funciones y se puso a disposición de los órganos fiscalizadores y de justicia para ser investigada, tras ser señalada por los hechos antes mencionados.
Estructura criminal
Dagoberto Aspra, jefe de la Unidad de Investigación y Análisis de Casos del CNA, confirmó que las indagaciones se encuentran muy avanzadas y será en los próximos días que se emitirán los primeros requerimientos fiscales en contra de la exfuncionaria y de los demás implicados.
“En términos generales es una línea de investigación que el CNA a través de la Unidad de Investigación y Análisis de Casos tuvo a bien complementar y que se señala a la funcionaria de Salud Pública como la persona que influyó para que se favoreciera a empresas relacionadas con familiares y con personas cercanas”, apuntó Aspra.
Se trató de toda una estructura criminal que obtuvo licitaciones amañadas a través de compras fraccionadas, y posteriormente lograron que se les adjudicaran compras por 50 millones de lempiras con una sobrevaloración de más de un 100%.
Explicó que con base en los cotejamientos de costos y los cálculos financieros se logró determinar que la sobrevaloración de los medicamentos ascendió a unos 25 millones de lempiras.
El jefe de la unidad investigativa del CNA detalló que la exfuncionaria metió a trabajar a dos personas en puestos claves de la Secretaría de Salud y luego introdujo a las empresas familiares en la lista de proveedores de esa institución para que desde ahí y con sus contactos pudiesen ser favorecidas en las compras de materiales hospitalarios.
Sobre este caso, LA PRENSA solicitó información al director de fiscales, Rolando Arguera, pero este no respondió los mensajes dejados en su teléfono particular. Tampoco hubo respuesta de la Fiscalía Especial contra la Corrup
El Ministerio Público se apresta a emitir requerimiento fiscal en contra de la exsecretaria general del ministerio de Salud Cristina del Carmen Díaz Tábora, a quien se le supone responsable de liderar un esquema de corrupción en esa dependencia estatal a través de la cual obtuvo de forma fraudulenta licitaciones de medicamentos por más de 50 millones de lempiras.
Este es uno de los cinco casos de corrupción que se encuentran en etapa investigativa y sustentación en el Ministerio Público y que fue mencionado en el informe de la comisión multipartidaria del Congreso Nacional.
Fuentes del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) confirmaron ayer a Diario LA PRENSA que en esta trama de latrocinio público participaron al menos cinco o seis sociedades fantasmas, cuyos representantes o testaferros tenían vínculos familiares directos o afectivos con la antes mencionada.
Las indagaciones permitieron determinar que las empresas favorecidas con las licitaciones estaban a nombre de Cristina del Carmen Díaz Tábora, su hermano Óscar Danilo Díaz Tábora, y las hijas de este último, Larissa Gabriela y Andrea Carolina Díaz Pacheco, entre otros parientes.
El expediente fue entregado por el CNA al Ministerio Público hace cuatro semanas y desde entonces se abrió una indagación conjunta de ambas instituciones que ha permitido determinar una serie de actos dolosos en perjuicio del Estado de Honduras.
A partir de las investigaciones hechas por la Unidad de Análisis y Seguimiento de Casos, esta persona aprovechó sus influencias y su alto cargo en la Secretaría de Salud para adjudicar compras privadas de medicamentos entre los años 2009 y 2013 por un valor de 50 millones de lempiras, que al final dieron como resultado una sobrevaloración de 25 millones.
Acosada por la denuncias de corrupción en su contra, en febrero del presente año, Díaz Tábora se vio obligada a dimitir de su alto cargo en la Secretaría de Salud, aduciendo amenazas a su vida; pero fue trasladada a otro puesto dentro del engranaje estatal, según trascendió.
En octubre de 2014, la funcionaria se retiró durante una semana de sus funciones y se puso a disposición de los órganos fiscalizadores y de justicia para ser investigada, tras ser señalada por los hechos antes mencionados.
 Uno de los mayores problemas ha sido la falta de medicamentos en los centros asistenciales.
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Estructura criminal
Dagoberto Aspra, jefe de la Unidad de Investigación y Análisis de Casos del CNA, confirmó que las indagaciones se encuentran muy avanzadas y será en los próximos días que se emitirán los primeros requerimientos fiscales en contra de la exfuncionaria y de los demás implicados.
“En términos generales es una línea de investigación que el CNA a través de la Unidad de Investigación y Análisis de Casos tuvo a bien complementar y que se señala a la funcionaria de Salud Pública como la persona que influyó para que se favoreciera a empresas relacionadas con familiares y con personas cercanas”, apuntó Aspra.
Se trató de toda una estructura criminal que obtuvo licitaciones amañadas a través de compras fraccionadas, y posteriormente lograron que se les adjudicaran compras por 50 millones de lempiras con una sobrevaloración de más de un 100%.
Explicó que con base en los cotejamientos de costos y los cálculos financieros se logró determinar que la sobrevaloración de los medicamentos ascendió a unos 25 millones de lempiras.
El jefe de la unidad investigativa del CNA detalló que la exfuncionaria metió a trabajar a dos personas en puestos claves de la Secretaría de Salud y luego introdujo a las empresas familiares en la lista de proveedores de esa institución para que desde ahí y con sus contactos pudiesen ser favorecidas en las compras de materiales hospitalarios.
Sobre este caso, LA PRENSA solicitó información al director de fiscales, Rolando Arguera, pero este no respondió los mensajes dejados en su teléfono particular. Tampoco hubo respuesta de la Fiscalía Especial contra la Corrup
