Tegucigalpa, Honduras.
Una coalición de partidos políticos minoritarios ha denunciado que la nueva Ley Electoral hondureña 'secuestra elecciones y blinda a corruptos'. El reglamento electoral fue aprobado por el Congreso Nacional, de cara al proceso de elecciones generales el 28 de noviembre.
La convocatoria de elecciones está fechada para este jueves. Se prevé que al menos 10 partidos políticos conformarán las planillas de las boletas electorales. Los tradicionales Partido Nacional y Liberal competirán, el primero, oficialista, por extender el período en la Presidencia, y el segundo por retomar el poder desde 2010.
También el Partido Libertad y Refundación (Libre) figura como uno de los probables protagonistas en todos los escaños a elección (alcaldías, diputaciones y presidencia). Libre ha competido en el proceso electoral en 2013 y 2017. En ambos se ha posicionado en segunda plaza (en 2017 como alianza opositora).
Entre tanto, autoridades de los partidos denominados, por su histórico caudal electoral inferior a los tradicionales, como 'prioritarios' se han reunido en torno a temáticas discutidas por los actores a cargos de elección y dirigentes.
Uno de los temas abordados fue es la nueva ley de Juntas Receptoras de Votos (comitiva de integrantes de partidos que reciben las cajas electorales con el fin de añadir al recuento de votos al final de la jornada y su posterior traslado a salones del Consejo Nacional Electoral).
La Ley Electoral y sus nuevas atribuciones y redacción fue un consenso alcanzado entre parlamentarios de los partidos Nacional, Liberal y Libre, mayoría en el hemiciclo legislativo hondureño.
Interpondrán los representantes de partidos minoritarios recursos legales contra la nueva normativa. Arguyen que al documento 'se le ha dado vida para violentar el derecho de representación'.
En Honduras, las elecciones, primarias o generales, son discutidas en torno a la representación de activistas, simpatizantes y dirigentes de los partidos en las mesas electorales. El reglamento electoral no contempla la figura de independencia de actores en el escrutinio y previo proceso electivo.
Así pues, las referidas Juntas Receptoras de Votos serán integradas por cinco representantres propietarios. Allí 'estalla' la controversia que tiene en discordia a unos y otros, puesto que esos integrantes serán tres miembros de los partidos Nacional, Liberal y Libre, más dos del Consejo Nacional Electoral (CNE), ente regulador oficial de los procesos electorales en el país.
Mientras los primeros tres partidos mayoría en el Congreso de Honduras consideran que la ley es óptima y adecuada para minimizar los filtros por irregularidades, los partidos alternativos, minoritarios e independientes aseguran que han sido orillados a un olvido.
La entrega de credenciales en las mesas electorales a lo extenso de la geografía hondureña se reducirán a los partidos mayoritarios. Sectores de la vida nacional han cuestionado, primero, la aprobación de la ley, aprobada sobre la cornisa del llamado a elecciones generales y con la motivación de la Embajada de Estados Unidos.
Por último, partidos, sociedad y especialistas deliberan entre la interpretación del resonado artículo 312 de la Nueva Ley Electoral, al que se ha catalogado, como algunos, como un 'blindaje de corruptos'.
El artículo extiende: 'Las actuaciones judiciales contra cualquier candidato a cargo de elección popular desde la fecha de su inscripción hasta la declaratoria de las elecciones respectivas, no surten efecto de inhabilitación salvo si ésta fuese el objeto principal de la pretensión y recayere sentencia firme condenatoria al efecto o resultasen de la comisión de un delito o la violación de la Constitución de la República”.
