Ni aún con cárceles de máxima seguridad el Gobierno recupera el poder absoluto

Pese a las medidas aplicadas hasta ahora, en los diferentes penales continúa el hacinamiento, tráfico de drogas, de armas y otros delitos.

Las reyertas y muertes siguen ocurriendo dentro de las prisiones catalogadas como de máxima seguridad.
Las reyertas y muertes siguen ocurriendo dentro de las prisiones catalogadas como de máxima seguridad.

Tegucigalpa, Honduras.

Mientras expertos en el tema penitenciario aseguran que las cárceles del país son deficientes y sirven como escuelas del crimen organizado, el Gobierno dice que la entrada en escena de las cárceles de máxima seguridad en Honduras permitió reducir el hacinamiento en el viejo régimen de prisiones, además de bajar considerablemente el índice de delitos que se cometían en los centros penales y se ordenaban desde el interior.

Las cárceles de El Pozo, en Ilama, Santa Bárbara; La Tolva, en Morocelí, El Paraíso; el centro penitenciario Siria, en El Porvenir, Francisco Morazán, además de rebajar los índices de delitos, según el Gobierno, han permitido resolver considerablemente el problema del hacinamiento en centros carcelarios, cuya población superaba su capacidad hasta en 200% y 300%.

Indican que uno de los logros es la creación de la Fuerza Nacional para el Control de los Centros Penitenciarios, además de adquirir una importante cantidad de vehículos blindados para el traslado de privados de libertad de máxima peligrosidad, motocicletas, escáneres y un sistema biométrico.

El subdirector de Gestión Penitenciaria Administrativa, coronel José Mejía Medina, afirmó que en los últimos años se ha logrado asegurar el control en los centros penales, "se puede decir que hay gobernabilidad en las cárceles".

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Indicó que el término de "universidades del crimen" que se ha adherido a los centros penitenciarios ha ido quedando relegado desde el momento en el que las iglesias, la Secretaría de Educación y otras entidades han trabajado de manera ardua en programas de capacitación y reinserción de los privados de libertad.

En un reportaje recién publicado por LA PRENSA, expertos en esta área coincidieron que la mayoría de los presos que recuperan su libertad vuelven a delinquir, lo que pone en evidencia el deficiente programa de reiserción que manejan al interior de los penales, además de eso, el Estado no les da el seguimiento correspondiente para ayudarlos a colocarse en una empresa o con capital semilla para emprender su negocio.

Homicidios y más

Solo en San Pedro Sula, en su momento, se registraban no menos de 15 homicidios diarios y luego del primer traslado de más de 750 reclusos a El Pozo esa cifra en los siguientes meses bajó a 9, pero el cierre total del centro penal permitió, en parte, que la ciudad no siguiera siendo calificada como una de las más peligrosas del mundo.

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Uno de los puntos de la estrategia de seguridad para la reducción de homicidios, según la Policía, implicó que más de 4,500 privados de libertad fueran removidos de los viejos centros penales y trasladados a El Pozo y La Tolva, y al adjunto de máxima seguridad La Jaula, construido contiguo a la Penitenciaría Nacional de Támara. Allí están recluidos un buen número de cabecillas de las maras y pandillas más peligrosas de Honduras.

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Personal penitenciario realiza requisas periódicamente para revisar los espacios de los internos.

Pese a las medidas tomadas, siempre se ha dicho que desde las cárceles se siguen ordenando asesinatos, extorsiones, secuestros y todo tipo de acciones criminales.

Ante esto, Mejía Medina comenta que la construcción de cárceles de mediana y máxima seguridad fue una decisión acertada para trasladar a estas a los cabecillas de las pandillas y los grupos criminales.

Hacinamiento

Tanto El Pozo como La Tolva y la cárcel de El Porvenir, fueron diseñadas y construidas para reducir el hacinamiento que presentaba el sistema penitenciario conformado por 25 cárceles, sin embargo, a la fecha varias de estas siguen siendo obsoletas, inseguras y con alto grado de hacinamiento.

A mediados de 2020 la población carcelaria de Honduras era de más de 21,600 privados de libertad y se consideraba que el hacinamiento estaba por arriba del 50% en todo el sistema.

Para Mejía Medina, los ajustes que se puedan realizar para la rebaja de penas o condenas a cierto sector de la población carcelaria, en un trabajo mancomunado entre Poder Judicial y el Legislativo, también podría ser importante para que ese hacinamiento que tiene el sistema penitenciario baje de manera ilustrativa, así como los planes de construcción y ampliación de las cárceles que se tienen previstos para este año.

Drogas y armas

El INP ha informado en diversas ocasiones del decomiso de drogas, armas y dinero en efectivo, entre otras cosas, que los reclusos o sus familiares, incluso algunos guardias de La Tolva y El Pozo, intentaron introducir de diversas formas.

Mejía Medina aseguró que “los operativos para requisa de armas y drogas son constantes en los 25 centros penales existentes en el país, porque el fin primordial es mantener el control de los reclusos, así como de los familiares que los visitan y el personal de seguridad”.

La tecnología en las zonas de acceso que tienen las cárceles de máxima seguridad, así como lo operativos realizados por las fuerzas de seguridad han permitido que el delito de tráfico o trasiego de drogas y armas se redujera de manera ostensible en los últimos años.

La jefa de Comunicaciones del INP, Digna Aguilar, informó que la entidad ha llevado a cabo la mejora del proceso de formación de los agentes penitenciarios, con capacitación, actualización de conocimientos y especialización en operaciones penitenciarias.

De igual manera se ha puesto en práctica en los últimos años un nuevo proceso de captación de talento humano, el que de manera periódica debe cumplir con la realización de pruebas de confianza, pruebas toxicológicas y estudios socioeconómicos.

La Prensa