Tegucigalpa, Honduras.
Luego de darse a conocer la citación hecha por el Ministerio Público (MP) para que la diputada nacionalista Waleska Zelaya y su esposo Juan José Lagos se presentaran a declarar por la investigación de supuestas compras irregulares y presuntos actos de corrupción en Invest-H, esta ha salido a defenderse asegurando que se le ha hecho 'un daño irreversible' al ser mencionada en este caso.
Según el Ministerio Público, Zelaya y su esposo suscribieron en abril un contrato a través de la empresa Grupo de Gestión y Tecnología (GyT) con Invest-H, para la venta de 474,000 mascarillas KN95 por un valor de 50 millones de lempiras, es decir a 105.49 lempiras por cada mascarilla.
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La parlamentaria nacionalista y su pareja fueron citados a comparecer ante fiscales anticorrupción y agentes del Departamento de Investigación de los Delitos en Contra de la Administración Pública de la Agencia Técnica de Investigación Criminal.
En diversos medios de comunicación la diputada aseveró que 'nunca he vendido ni un alfiler al estado, ni nunca he sido dueña ni socia de nada'.
'Yo quisiera que primero, me dieran el chance para acercarme a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) el día lunes, sin embargo, déjenme aclarar que esa empresa (Grupo de Gestión y Tecnología (GyT)) ya no es propiedad de mi esposo, aseguró.
La nacionalista lamentó, 'el daño que me han hecho es irreversible, nunca he estado en actos ilícitos ni de corrupción'.
'Después de que yo de la declaración ante la ATIC, estoy dispuesta a dar respuesta a cualquier pregunta', dijo en el noticiero Hoy Hismo.
El
Ministerio Público programó el interrogatorio para realizarse en su sede en Comayagüela. En el caso de la diputada
Waleska Zelaya comparecerá el próximo lunes 3 de agosto y su esposo (propietario de GyT) el martes 4 de agosto, ambas declaraciones fechadas para la 1:00 de la tarde.
La citatoria de la diputada nacionalista y su esposo es en seguimiento a otra línea de investigación que la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) y la Atic trabajan en torno a supuestas irregularidades en las compras efectuadas por el Estado, en el marco de la crisis sanitaria provocada por la Covid-19.
