Al 31 de agosto amplían el calendario tributario

El beneficio será para los contribuyentes que durante el periodo de restricciones de garantías hasta la fecha de entrada en vigor del decreto no han podido trabajar.

Los obligados tributarios que no facturaron durante la suspensión de garantías pagarán el ISR hasta el 31 de agosto de este año.
Los obligados tributarios que no facturaron durante la suspensión de garantías pagarán el ISR hasta el 31 de agosto de este año.

TEGUCIGALPA.

Con 73 votos a favor, 31 en contra y tres abstenciones, el pleno del Congreso Nacional aprobó ayer la prórroga de la presentación y pago de la declaración del impuesto sobre la renta (ISR) de 2019 al 31 de agosto del año en curso, bajo la objeción de un grupo de diputados que plantearon que el beneficio debía ser más amplio para que incluyera a todos aquellos negocios o contribuyentes que fueron afectados económicamente por la pandemia, pero que durante el tiempo de restricción de garantías realizaron alguna venta o facturaron parcialmente.

El proyecto de decreto se aprobó sin ninguna modificación y literalmente como lo envió el Poder Ejecutivo, tampoco consideró la petición de un amplio sector del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y las Cámaras de Comercio de Tegucigalpa y San Pedro Sula, que este lunes plantearon alargar el plazo del pago del ISR a diciembre o enero del próximo año e incluir a todas las empresas que de alguna u otra forma han sido golpeadas por la pandemia del coronavirus.

No ahoguen a la gente: Sabas
El diputado liberal Yuri Sabas cuestionó que el Gobierno aplique el pago a cuentas con el 75% de lo facturado el año pasado. “Cómo diablos esperan que la gente haga el pago a cuentas, todos acumulados en los últimos cuatro meses del año”. Indicó que en qué cabeza cabe que la gente va a vender en 2020 el 75% de lo facturado en 2019. “Ayuden a la gente, no la ahoguen”, fustigó.

La iniciativa aprobada establece que la presentación y pago de la declaración jurada del ISR, aportación solidaria y activo neto, contribución del sector social de la economía, impuesto específico de renta único sobre arriendo o alquiler de viviendas o edificios de apartamentos, contribución especial sobre los excedentes de operación que obtengan las universidades privadas, escuelas e institutos de enseñanza preescolar, primaria y media, y a la contribución social del sector cooperativo, todas correspondientes al período fiscal 2019, deberán cumplirse a más tardar el 31 de agosto de 2020.

Se podrán acoger a esta prórroga todos aquellos contribuyentes que durante el período de restricción de garantías constitucionales hasta la fecha de entrada en vigencia el decreto no han desarrollado ningún tipo de actividad económica.

Datos
- 73 votos a favor recibió la propuesta del Poder Ejecutivo para ampliar el pago del ISR.
- 7.5 millones de lempiras aprobaron para repatriar a 244 hondureños en España.

No obstante, todos aquellos medianos o pequeños contribuyentes que durante el período antes indicado han desarrollado alguna actividad económica, ya sea de forma total o parcial, deberán cumplir con las obligaciones formales y materiales, según lo dispuesto en el artículo 1 del decreto 33-2020 o la Ley del Auxilio al Sector Productivo y a los Trabajadores ante los Efectos de la Pandemia provocada por el COVID-19.

A su vez se aprobó una prórroga para que las cuotas de los pagos a cuenta del ISR correspondientes al período fiscal 2020 se paguen hasta el 30 de septiembre de 2020, hasta el 30 de noviembre de 2020 y el 31 de enero de 2021. Dichos pagos deberán calcularse sobre el setenta y cinco por ciento (75%) del monto del impuesto sobre la renta determinado en el período fiscal 2019, tal y como lo establece la Ley del Auxilio al Sector Productivo y a los Trabajadores ante los Efectos de la Pandemia provocada por el COVID-19.

Amplia discusión

De los cinco proyectos de ley aprobados, este fue el que generó mayor discusión en el pleno por la penosa situación económica que enfrentan miles de negocios que permanecieron cerrados antes de la apertura de la economía aprobada por el Gobierno.

El diputado liberal Juan Carlos Elvir propuso una nueva redacción del artículo dos de la propuesta del Ejecutivo en el sentido de que la prórroga abarcara a todos “aquellos obligados tributarios que durante el período de restricciones de garantías constitucionales decretado por el Poder Ejecutivo y hasta la fecha de entrada en vigencia del plan de reapertura y reactivación económica no estaban autorizados para realizar ningún tipo de actividad económica”.

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1- Más compras directas. Mediante reforma al decreto 33-2020 se autorizó a la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas) la contratación directa de proyectos que estén relacionados con la pandemia del COVID–19.
2- Huellas dactilares.También se aprobó una ley temporal que prohíbe a gerencias de Recursos Humanos de las instituciones públicas y privadas el uso de mecanismos manuales y electrónicos para recolectar huellas dactilares con el fin de evitar contagios del COVID-19.
3- Interpretación ley de ambiente. Se determinó que no es prohibida la importación, fabricación y reciclaje de baterías de plomo ácido, selladas, nuevas o usadas, siempre que exista en el país una industria de reciclaje que opere legalmente y cuente con instalaciones y el equipo para su manejo.

Por lo anterior, todos aquellos obligados tributarios categorizados como medianos o pequeños contribuyentes que durante el período antes indicado no estaban autorizados para realizar actividad económica por no estar en las excepciones no deberán cumplir con las obligaciones formales y materiales, conforme a lo dispuesto en el artículo 1 del decreto 33-2020.

La propuesta fue avalada por los diputados Oswaldo Ramos Soto, Jaime Enrique Villegas, Walter Romero y Yuri Sabas, quienes expusieron que muchas empresas como hoteles, restaurantes y agencias de viaje, por ejemplo, solo facturaron en los meses de enero y febrero, pero entre marzo y junio sus ingresos cayeron a cero, por lo tanto se les debe permitir también recibir el beneficio.

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“En mi opinión, la prórroga no tiene sentido porque el artículo 2 bota el espíritu del legislador”: Walter Romero, diputado

Ramos Soto propuso reformar el artículo dos y armonizarlo con el número 1 del decreto a fin de actuar con proporcionalidad y equidad, dado que la mayoría de las empresas enfrentan una situación complicada y el país en general una pandemia financiera y económica.

Romero, por su lado, reconoció que la iniciativa beneficia a los micro, pequeños y medianos emprendimientos, que generan el 72% de los empleos del país; pero no a la mayoría de los grandes contribuyentes, que aportan el 80% de los ingresos tributarios y que ya pagaron el ISR el 30 de abril anterior.

Explicó que con la enmienda se trataba de favorecer a los micro, pequeños y medianos empresarios, incluyendo a las personas naturales, los comerciantes individuales y cualquier otro profesional independiente que tuvieron alguna actividad, aunque haya sido parcial, pero que posteriormente sus ventas se cayeron en más de un 70% y sus ingresos no han sido suficientes para pagar los impuestos y sostener a la vez las planillas de sus empleados.

Hay hoteles y restaurantes que solo facturaron en enero y febrero de este año.

Jaime Villegas, diputado

“El artículo 2 de la propuesta bota el espíritu del legislador porque cualquier profesional independiente que estuvo sobreviviendo haciendo el esfuerzo en la pandemia, que hizo una factura parcial, le vamos a quitar el privilegio de oxigenarse y tener la posibilidad de pagar el ISR al mes de agosto, por una factura que haya hecho; no parece correcto que les eliminemos este beneficio”, acotó Romero.

Al respecto, la viceministra de presupuesto, Roxana Rodríguez, quien participó en el debate, argumentó que el artículo 2 de la propuesta no era limitativo y que aquellos pequeños y medianos negocios que no generaron ingresos durante la suspensión de garantías no tenían por qué cumplir con esa obligación en la fecha establecida, pero sí debían hacerlo todos los que estuvieron operando y recibiendo ingresos durante el tiempo de suspensión de garantías.

“El contribuyente que estuvo limitado va a recibir el beneficio, que es en su gran mayoría, pero hay un porcentaje que estuvieron operando y recibiendo ingresos y que sí estuvieron facturando”, manifestó.

La Prensa