104 transacciones por débitos de 11.4 millones realizó empresa AID

La investigación de la Fiscalía con apoyo de la Maccih señala que fondos de Banadesa se usaron para alquilar carros que sirvieron en la campaña del Partido Nacional.

Ana María Calderón, vocera de la Maccih, presentó el caso el martes pasado.
Ana María Calderón, vocera de la Maccih, presentó el caso el martes pasado.

Tegucigalpa, Honduras

Fueron 104 operaciones fraudulentas las que aparecen registradas en el informe de auditoría contable que detectaron los investigadores de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción (Maccih) para sustentar la investigación en el caso “Corrupción sobre Ruedas”.

Las indagaciones señalan que bajo una trama de corrupción fueron desviados fondos del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa).

El Ministerio Público acusó a siete personas, de las cuales seis gozan de medidas sustitutivas.

Fecha
El 4 de julio de 2013 la cuenta tuvo saldo inicial mediante depósito en efectivo que realizó Claudia Yamilia Noriega González, una de las acusadas en “Corrupción sobre Ruedas”.

Según el requerimiento fiscal al cual tuvo acceso LA PRENSA, a mediados de 2013, Carol Vanessa Alvarado Izaguirre fraguó un plan para crear una empresa de fachada y se valió de José Adolfo Sierra Morales, quien laboró para ella, con el objetivo de constituir la empresa Servicios e Inversiones AID.

Agrega el requerimiento fiscal que a través de esa empresa se drenaron recursos del Estado depositados en Banadesa, bajo el proyecto Bono Diez Mil, que serviría para ayudar a personas de la tercera edad, jóvenes y discapacitados, “pero los recursos terminaron en pago de alquiler de vehículos blindados y pagos personales”.

Señalan que la empresa tenía la finalidad de prestar servicios de publicidad, venta de material publicitario, impresión de fotocopias, anuncios de carreteras, entre otros. Con ese abanico de actividades se inscribió la empresa el 31 de mayo de 2013.

Las operaciones

Una vez constituida la empresa, el 4 de junio de 2013, Alvarado y Sierra Morales abrieron una cuenta de cheques e informaron que su promedio de ingresos mensuales sería de 30,000 lempiras. La cuenta se abrió con cinco mil lempiras y solo se registró la firma de Sierra Morales, quien manifestó ser el gerente propietario. El requerimiento señala que inicialmente la empresa funcionó en el edificio Jade del barrio La Granja, pero luego Hilda Hernández (exministra QDDG) les pidió trasladar las oficinas al edificio de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, porque el local del edificio Jade serviría para almacenar materiales para la campaña del Partido Nacional.

Cuando Hernández fue nombrada ministra de Comunicación, esas oficinas pasaron a Casa Presidencial y la guardia de Honor Presidencial extendió un carnet a Sierra Morales como motorista de Carol Alvarado para que ingresara.

Sierra nunca manejó chequeras ni tarjetas, todo estuvo siempre en manos de Carol Alvarado, agrega el requerimiento.

De julio de 2013 a mayo de 2014, detalla el documento fiscal, se realizaron créditos por 11.4 millones de lempiras de la cuenta número 12075503 a nombre de José Adolfo Sierra Morales/Servicios e Inversiones AID.

En el mismo periodo se realizaron 104 transacciones en débitos por L11.4 millones; el 19 de mayo la cuenta detalla un saldo final por 0.00 lempiras, encontrando una mezcla de fondos públicos y privados, por lo que se analizó la cuenta.

Testigo protegido

La Fiscalía señala en el documento que el testigo que tienen en el caso, denominado TP-BA1, conoció a la extinta ministra Hernández por intermedio de David Eduardo Ortiz Hawit. En agosto de 2013 se le informó al testigo protegido que “había un dinero transferido a Banadesa para la campaña electoral de Juan Orlando Hernández, fondos destinados a la encargada de campaña, Hilda Hernández. Se instruyó para que se hicieran facturas simuladas y así poder tener acceso a dichos fondos”.

El documento señala que se presentaron L2.9 millones en facturas simuladas ante Banadesa.

Después que los cheques fueron pagados, el testigo protegido se reunió con Hilda Hernández para determinar cómo le pagarían varias facturas que le adeudaban al Movimiento Azules Unidos del Partido Nacional por renta de vehículos para la campaña de las elecciones internas de 2012, que ascendía a cinco o seis millones de lempiras.

El testigo manifestó que “Hilda Hernández le indicó que de los 2.9 millones de lempiras obtenidos de Banadesa, iban a abonar 1.3 millones de lempiras en facturas vencidas del servicio de alquiler de vehículos para la campaña; 800,000 lempiras lo abonaría para la compra de una camioneta Toyota Land Cruiser Prado; y el resto, aproximadamente 800,000 lempiras, se los debía devolver en efectivo”.

El testigo protegido dijo que en noviembre de 2013, Hilda Hernández le solicitó que recogiera unos cheques de Banadesa a nombre de la empresa Servicios e Inversiones AID. Que “ya se había comunicado al banco para que se los entregaran, y que los fondos serían destinados para seguirle pagando el alquiler de vehículos para la campaña del Partido Nacional”.

Una vez retirados debían ser depositados en la cuenta de la AID, de donde posteriormente se emitieron dos cheques; uno en noviembre de 2013 por 1.6 millones de lempiras y otro en diciembre de ese mismo año por un valor aproximado de 1.8 millones de lempiras, ambos para el pago de servicio de alquiler de vehículos prestados a la campaña del movimiento Azules Unidos. El dinero sobrante, que eran unos 600,000 lempiras, Hilda Hernández le dijo que le cancelaría el saldo de una Prado que había adquirido para ella y de la cual ya le había abonado L800,000.

En total fueron 26 cheques de Banadesa a nombre de Servicios e Inversiones AID que fueron depositados en la cuenta 12075503.

Se presentan dos implicados más en el caso

David Eduardo Ortiz Handal y Harvis Herrera Carballo se presentaron ayer ante el juez en Materia de Corrupción para comparecer ante la audiencia de declaración de imputado por su implicación en el caso “Corrupción sobre Ruedas”.

Ambos son acusados por los delitos de uso de documentos públicos falsos, fraude y abuso de autoridad.

Tras la audiencia, el juez les otorgó medidas cautelares, con ellos son seis de los siete procesados que se han presentado, solo queda pendiente Carol Alvarado. “Estamos contentos porque hemos presentado a nuestro cliente voluntariamente observando el principio de efectividad y de inocencia se les otorgó medidas distintas a la detención judicial”, dijo el abogado defensor Melvin Bonilla.

El juez programó la audiencia inicial para el viernes 27 de septiembre a las 9:00 am.

Los acusados en este caso son Juan Ramón Maradiaga Franco, David Eduardo Ortiz Hawit, Elmer Jeovanny Ordóñez Espinal, Carlos Josué Romero Puerto, Claudia Yamilia Noriega González, Harvis Edulfo Herrera Carballo y Carol Vanessa Alvarado, quien se presentaría este día en los juzgados.